El Sistema Nacional de Crédito Agropecuario en Colombia es, en el papel, una maquinaria robusta: más de 50 entidades financieras, un banco de segundo piso (Finagro), una dirección especializada en el Ministerio de Agricultura, una fiducia pública (Fiduagraria), una aseguradora estatal (La Previsora), la Bolsa Mercantil de Colombia, un Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) y tres instrumentos de subsidio para interés, inversión y seguro agropecuario. Una arquitectura institucional que cualquier país envidiaría… si realmente funcionara.

Pero las cifras de Finagro para 2025 revelan una verdad incómoda: toda esta estructura, en manos del Gobierno, no logró llegar ni al 11% de los pequeños productores agropecuarios del país. De tres millones de agricultores y ganaderos, solo 314.000 obtuvieron un crédito, una vergonzosa cobertura del 10,4%. Y sin embargo, desde el Ministerio de Agricultura celebran como victoria haber colocado $48 billones, un 29% más que en 2024.

Ministra, Marta Carvajalino, no hay motivos para echar voladores. El titular de prensa es el estrepitoso fracaso de la prometida democratización del crédito agropecuario incluida en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno. Porque no se trata de cuánto se prestó, sino de a quién se le prestó. Y las cifras son lapidarias: más del 75% del crédito termina en grandes empresas, Finagro apenas aporta un tímido 15,5%, y solo el 28,9% se dirige a inversión productiva. El mensaje no puede ser más claro: este modelo renuncia explícitamente a la productividad, renuncia al pequeño productor y renuncia al futuro del agro colombiano.

La dependencia casi total de la cartera sustitutiva (84,3%) -un mecanismo de inversión forzosa-, no está cerrando brechas rurales. Confirma que el sistema opera muy bien para las necesidades de capital de trabajo en la agroindustria, grandes cadenas de alimentos y retail, pero de espaldas al desarrollo productivo. Y la concentración geográfica es igual de escandalosa: 10 departamentos acaparan el 83% de los recursos, condenando a regiones enteras a permanecer fuera del mapa financiero del país.

La consecuencia es brutal: estamos financiando operación, pero no desarrollo. Irrigamos liquidez, sí, pero de corto plazo, mientras que el agro necesita inversiones de largo aliento que permitan tecnificar, modernizar y elevar rendimientos. Si este patrón no se rompe, Colombia no solo seguirá perdiendo productores: perderá regiones completas, perderá inversión productiva y pondrá en riesgo su seguridad alimentaria.

El crédito agropecuario debería ser la gran palanca de transformación rural, el motor que impulse productividad, innovación y movilidad económica. Pero hoy opera al revés: se ha convertido en una maquinaria que reproduce desigualdades, castiga la innovación y mantiene a pequeños y medianos productores atrapados en una periferia financiera que ellos no crearon. Cuando un modelo falla de forma sistemática —y más aún cuando está en manos de funcionarios que desconocen la realidad del campo— lo responsable no es maquillarlo, sino reemplazarlo. Cambiar el modelo… y también a los funcionarios que lo han llevado al estancamiento.

Colombia no puede darse el lujo de financiar desigualdad mientras necesita producir más, mejor y más eficientemente. Mantener este esquema no sería un error técnico:sería una decisión política deliberada de condenar al agro a un rezago irreversible.

*Asesor en crédito de fomento agropecuario.