La Costa Caribe no necesita discursos de resignación ni diagnósticos repetidos. Tiene oportunidades reales y una capacidad productiva que ningún centralismo puede ignorar. La región cuenta con empresarios que ejecutan, una ubicación estratégica en el hemisferio, puertos competitivos, talento humano diverso y una vocación económica que integra industria, logística, agro, turismo y servicios. Lo que falta no es potencial: lo que falta es un país que acompañe ese potencial con reglas claras, disciplina fiscal y un entorno que premie la eficiencia, no la burocracia.

Las obras por impuestos son el mejor ejemplo de lo que sí funciona. Cuando el sector privado ejecuta, la obra aparece. Cuando ejecuta el Estado, muchas veces solo aparece el acta. Este mecanismo llevó acueductos, colegios, vías y proyectos productivos a territorios donde la ejecución pública se estancó durante años. Ninguna herramienta ha cerrado brechas con tanta velocidad y tan poca intermediación política. Por eso debe ampliarse, simplificarse y blindarse de incertidumbre: es la forma más directa de transformar regiones que ya están listas para despegar.

El país debe asumir una verdad elemental: la inversión privada no es un actor secundario, es el motor que convierte proyectos en realidad. Ninguna empresa arriesga capital en jurisdicciones donde la regla fiscal se relativiza, donde las reformas se improvisan o donde la incertidumbre se normaliza. La confianza es un activo silencioso: sostiene las tasas, la inversión y el empleo. Cuando se pierde, se pierde todo. Y cuando eso ocurre, las regiones —no los ministerios— son las primeras en sentir el golpe.

Para que el Caribe aproveche su potencial necesita algo simple: estabilidad macro. Las alianzas público-privadas, las obras por impuestos, la inversión portuaria y los proyectos energéticos solo prosperan si la Nación respeta su brújula fiscal. Sin orden presupuestal no hay planeación territorial posible; sin seguridad jurídica no hay capital dispuesto a quedarse; sin reglas estables no hay competitividad regional. Las regiones quieren avanzar, pero necesitan instituciones que no retrocedan.

El Caribe no pide privilegios: pide que el país haga su parte. Tiene empresas, talento y vocación de crecimiento. Lo único que exige —y con razón— es un Estado que ejecute, una disciplina fiscal seria y un marco estable para crecer. El resto lo pone la gente.

Porque el desarrollo no es un discurso: es una decisión.

Y el Caribe ya decidió.