Cada diciembre Colombia revive el mismo ritual que al ritmo de un buen vals se mueve de un costado a otro la discusión sobre el aumento del salario mínimo. Esta vez el escenario plantea un incremento del 9% o incluso del 9,5%, muy por encima de una inflación que ronda el 5,5%.

A primera vista, la propuesta parece razonable e incluso justa: si todo sube, el ingreso de los trabajadores también debería hacerlo.

Sin embargo, visto con lupa, el riesgo no está en subir el salario mínimo, sino en subirlo demasiado frente a la inflación y la productividad de la economía.

Un aumento muy superior a la inflación tiene un primer impacto directo sobre los costos operativos de las empresas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas, que concentran la mayor parte del empleo formal.

Para muchas de ellas, el salario no es un gasto marginal, es el gasto central. Cuando ese costo sube abruptamente, las opciones son pocas: contratar menos, informalizar relaciones laborales o trasladar el mayor costo a los precios finales. Ocurre con los servicios personales intensivos en mano de obra: servicio doméstico, cuidado de adultos mayores, jardinería, vigilancia privada y mantenimiento, cuyos precios suelen recalcularse tomando como referencia el nuevo salario mínimo. Así comienza a gestarse una nueva presión inflacionaria, el conocido “efecto indexación”.

Este efecto no se queda en las empresas, golpea de lleno a los hogares, porque en Colombia una parte importante del gasto cotidiano está atada directa o indirectamente al salario mínimo legal mensual vigente.

Por ejemplo, múltiples tarifas y pagos están explícitamente indexados al salario mínimo o a unidades que se mueven con él: multas de tránsito, comparendos, trámites notariales, copagos y cuotas moderadoras en salud, servicios de transporte informal y parte del transporte intermunicipal.

Incluso algunos servicios educativos, especialmente en niveles técnicos y no formales, reajustan sus tarifas con base en el nuevo salario mínimo. El resultado es claro: el ingreso sube, pero el costo de vivir también, y muchas veces más rápido.

El llamado es a la prudencia y a la responsabilidad colectiva. El país necesita proteger el ingreso de los trabajadores, sí, pero sin poner en riesgo el empleo formal ni encender de nuevo la inflación.

El verdadero debate no debería ser solo cuánto subir el salario mínimo este año, sino cómo crecer más, ser más productivos y reducir la informalidad.