El mundo cambió. Durante los primeros dos siglos de la democracia, la rama ejecutiva del poder público había primado sobre las otras ramas. El presidente o los primeros ministros mandaban la parada. Los legislativos trabajaban con los ejecutivos, muchas veces dejándose someter por prácticas de compra y venta de apoyos, y la rama judicial terminó siendo una convidada de piedra en la construcción institucional de los países.
Si usted, apreciado lector, va a cualquier librería en Colombia o en algún lugar de América Latina y pregunta por una historia de la justicia de sus respectivos países, se encontrará con la sorpresa de que no existe. Habrá algunos títulos aislados, dispersos y poco sistemáticos, pero no una verdadera tradición historiográfica sobre la justicia. De hecho, los catedráticos de historia del derecho o de la justicia en las universidades se cuentan con los dedos de una mano. Todo ello demuestra el papel menor que la justicia ha tenido en la narrativa de la historia institucional.
Sin embargo, en los últimos años no solo ha cambiado la narrativa sobre la justicia, sino que esta ha empezado a jugar un rol esencial en la reconstrucción de la institucionalidad. Procesos en Colombia contra ministros, congresistas, gobernadores, embajadores y generales ponen un nuevo rótulo al sistema judicial. Pero esto no es exclusivo del país. En América Latina y en Europa empezamos a ver actuaciones judiciales que están redefiniendo el poder del Estado.
En Argentina, por ejemplo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue condenada e inhabilitada por corrupción, arremetió contra el poder judicial de su país invocando una curiosa doctrina denominada lawfare, consistente en atribuirle a la justicia una presunta persecución política. Toda esta resistencia contra la justicia se ha dado en múltiples países como Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y México. En este último país, fue tal el nivel de confrontación con la justicia durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que se aprobó, con mayorías oficialistas, una reforma constitucional para hacer elecciones populares de jueces y magistrados, una distorsión de la teoría constitucional de la separación de los poderes públicos.
Pero si por nuestra región llueve, por Europa no escampa. Dos procesos han generado todo tipo de discusiones jurídicas en España y Francia. En el primero, la avalancha de escándalos de corrupción del gobierno del presidente Pedro Sánchez y de su partido, el PSOE, que involucra al exministro de Transporte José Luis Ábalos y a un enroque de fichas como Koldo García, Santos Cerdán y Víctor Aldama. También la esposa y el hermano del presidente han sido judicializados. Todo esto, en medio de una condena contra el fiscal general del Estado, Álvaro García. Recordemos que en España el fiscal general lo propone el presidente, luego comparece ante el Consejo General del Poder Judicial, que emite un informe consultivo no vinculante, y el rey formaliza el proceso con el nombramiento.
En Francia, por su lado, se acaba de condenar en primera instancia al expresidente Nicolas Sarkozy, quien fue recluido en la cárcel de La Santé durante treinta días, hasta que el tribunal de apelaciones de París revocó la decisión para que se defendiera en libertad, mientras se surte la apelación de fondo.
Esta creciente reyerta entre el poder ejecutivo y el poder judicial en numerosos países se explica, en buena medida, por la nueva centralidad que ha adquirido la justicia. Una realidad incómoda para quienes, acostumbrados a ejercer el poder sin contrapesos, hoy descubren que el Estado de derecho ya no es un simple concepto abstracto, sino una realidad operativa.
@FBarbosaDelgado
