Cada diciembre, el país discute el aumento del salario mínimo como si fuera un debate estrictamente laboral. Pero lo que Colombia evita reconocer es que el salario mínimo es más que un piso salarial: es la unidad de medida que, directa o indirectamente, determina cientos de costos públicos y privados. Por eso, un incremento sustancial no solo sube el ingreso de los trabajadores; también desencadena un efecto dominó que atraviesa todo el sistema económico. Lo que se gana por un lado se pierde, en parte, con el incremento de tarifas. En algo sí podemos ponernos de acuerdo: llegó la hora de romper ese vínculo, este inclusive podría permitir un mejor salario para el trabajador.
Aunque Colombia ha avanzado en la desindexación, por ejemplo, en la DIAN, el proceso está lejos de concluir. Todavía existe un conjunto amplio de pagos que se calculan como múltiplos del salario mínimo. Muchos de ellos permanecen en leyes antiguas, decretos sectoriales, o normas por actualizar. El resultado es una bomba silenciosa: cuando el salario mínimo aumenta con fuerza, todo lo que depende de él también sube, sin debate público ni análisis técnico. Por ejemplo, las multas de tránsito siguen atadas al salario mínimo diario. Una infracción menor puede aumentar cada año por encima de la inflación, no por una decisión estructural, sino por un arrastre mecánico.
Lo mismo ocurre con sanciones administrativas, costos notariales, tarifas en juzgados, tasas ambientales, estampillas, cauciones, y trámites de registros. El ciudadano común rara vez las relaciona con el salario mínimo, pero en su bolsillo se siente el impacto. Incluso puede afectar el derecho a la pensión para algunos colombianos.
Muchas entidades territoriales, en especial municipios pequeños, tienen sus costos de funcionamiento amarrados al mínimo. Cuando este aumenta bruscamente, los presupuestos locales se desbalancean de inmediato: lo que se presupuestó en octubre queda desfinanciado en enero sacrificando la inversión. El aumento del mínimo no solo sube costos laborales: desajusta la arquitectura fiscal de cientos de entidades. Se estimó que, con un incremento del 10%, cerca del 30% de los municipios perderían su categoría.
En sectores especialmente sensibles, como justicia, salud y contratación pública, un aumento drástico del salario mínimo se convierte en un efecto multiplicador. Las tarifas suben sin un análisis real de costos, las sanciones se vuelven más gravosas y las entidades enfrentan obligaciones crecientes sin ingresos adicionales. Es un mecanismo que reduce la capacidad operativa del Estado y afecta de manera desproporcionada a quienes dependen de los servicios públicos.
Colombia necesita sincerar esta conversación. El salario mínimo no puede seguir operando como un “interruptor maestro” que activa cargas ocultas en todo el sistema. La desindexación debe completarse, aunque para esto se requiere la bendición de un congreso que le pagan en múltiplos de salario mínimo. Cada incremento de 100 mil pesos en el salario mínimo, les da a cada congresista cinco millones adicionales con la fórmula actual. Mientras eso no ocurra, cualquier aumento drástico seguirá generando efectos mucho más amplios y silenciosos de lo que reconoce el debate público.
@simongaviria
