Nos estamos acostumbrando a algo muy peligroso, convertir cada decisión judicial en un espectáculo. Vivimos en una sociedad profundamente conveniente, donde importa más el show mediático que las garantías procesales, y donde el debido proceso se respeta solo cuando coincide con las expectativas del público. Pero hay un límite que no deberíamos cruzar, y es el de culpar a los jueces de control de garantías por decisiones que no solo son correctas, sino obligatorias dentro del marco constitucional.

Cada vez que una persona queda en libertad, se desata la misma tormenta. Los titulares apuntan al juez como si fuera un cómplice, las redes lo señalan sin piedad y la opinión pública exige su cabeza, sin entender que quien carga con la responsabilidad de sustentar una captura o justificar una medida de aseguramiento es la Fiscalía. Si la Fiscalía no cumple con ese deber, el juez no puede tapar el sol con un dedo, ni sacrificar derechos fundamentales para evitar críticas. Su función es proteger las garantías, incluso cuando eso resulta impopular.

Este perfilamiento de los jueces de control de garantías es gravísimo. No solo porque erosiona la confianza en las instituciones, sino porque pone en riesgo a funcionarios que simplemente están haciendo su trabajo. Un trabajo que nadie aplaude, que pocos comprenden y que muchos juzgan desde la distancia. En un país tan violento como el nuestro, señalar a un juez por respetar la Constitución no es solo una injusticia, es una irresponsabilidad.

Lo que rara vez explican los medios es que un juez no “libera delincuentes”, como algunos gritan. Un juez verifica si la Fiscalía actuó dentro de la ley, si respetó los tiempos, si la prueba es válida, si la captura fue legal, si la medida es necesaria y proporcional. Y cuando algo falla, porque sí, muchas veces falla, el juez está obligado a no convalidar la irregularidad. Ese es el sentido del control de garantías, impedir que el poder punitivo se ejerza sin límites.

Lo más preocupante es que este ambiente termina condicionando la independencia judicial. ¿Quién puede decidir con tranquilidad cuando sabe que un fallo impopular puede convertirlo en blanco de amenazas o campañas de desprestigio? Esta presión es una forma de violencia institucional que no debería aceptarse.

No podemos seguir permitiendo que se siga debilitando la independencia judicial a punta de señalamientos irresponsables, puesto que, el daño no será solo para los jueces. Será para todos los ciudadanos que un día, sin esperarlo, necesiten que alguien proteja sus derechos frente al poder del Estado.

@CancinoAbog