La vigilancia especial del Ministerio de Educación a la Universidad del Atlántico y su denuncia sobre una presunta falsedad en la experiencia docente del rector Leyton Barrios (denuncia que por obvia complicidad no vimos en el caso aberrante de Juliana Guerrero), son parte de la estrategia de presión del Gobierno luego de la derrota de sus candidatos en la lucha por la rectoría. A esta ofensiva se agrega una acción electoral de nulidad contra el acto administrativo del Consejo Superior que nombró a Barrios el 27 de octubre, por parte del abogado liberal petrista Giovanny Décola Vásquez. Quieren llevarse por delante a Barrios como sea.

La injerencia del Gobierno en la universidad es un hecho público notorio. Hay un video donde el ministro del Interior, Armando Benedetti, aparece con Álvaro González y Wilson Quimbayo. Dice que son sus “amigos” y que si unen sus “voticos” de ahí saldría el rector. Su profecía no resultó.

El Gobierno se ha planteado un forcejeo con el grupo Char por el dominio de la institución, pero ha perdido los pulsos electorales con este grupo en parte por las divisiones y torpezas de las expresiones petristas en la universidad.

La vigilancia especial tiene fundamentos constitucionales y legales, pero la inspectora in situ designada por el ministro Daniel Rojas solo puede hacer seguimiento a la gestión administrativa y financiera del rector.

El Gobierno y sus seguidores estarían felices si el rector hubiese sido González o Quimbayo. Tal vez se habría evitado la inestabilidad actual acatando el voto mayoritario que favoreció a Danilo Hernández. Desde luego, esta borrasca de la Uniatlántico no es la primera ni será la última. Siempre será un desafío conducir un barco históricamente habituado a navegar en aguas revoltosas.

Mi mensaje a todos los actores involucrados en la crisis de la Universidad del Atlántico es: no se descuarticen en una guerra por el control del presupuesto y la burocracia. Privilegien la grandeza de la institución. Rescaten el legado de Julio Enrique Blanco. Construyan un gran acuerdo sin antecedentes en torno a una agenda donde identificaría un tema definitivamente crucial: la institucionalización de un gobierno universitario transparente, eficaz y eficiente que lidere y ejecute una serie de transformaciones administrativas, académicas, científicas y de infraestructura en clave de excelencia. Añadiría la conveniencia de un consenso que elimine las consultas biestamentarias. Un rector debe surgir de un proceso inflexiblemente meritocrático y no de un carnavalesco torneo electoral lleno de los disfraces grotescos de la politiquería.

@HoracioBrieva