En estos días se armó un revuelo por el allanamiento en el proceso contra Armando Benedetti. Y aunque hay que ser críticos de varias de sus actuaciones, también es cierto que, en el derecho, como en la vida, hay momentos en los que uno debe reconocer cuando el otro tiene razón y en este caso, hay unos puntos que valen la pena estudiar.

Lo primero que no cuadra es la oportunidad de la diligencia. Resulta muy extraño que por unos hechos ocurridos hace tanto tiempo se ordene un allanamiento a estas alturas. El paso del tiempo no solo deteriora la prueba, también obliga a justificar por qué una medida tan invasiva era necesaria ahora. Y más raro aún es que se haya hecho con un operativo tan violento. No había necesidad de montar un despliegue desproporcionado. Y lo más inusual de todo: que la magistratura estuviera presente directamente en la diligencia. Un juez que interviene de esa manera corre un riesgo enorme: el de convertirse en testigo de su propio proceso.

Otro punto difícil de entender es que todo se hiciera en una casa que Benedetti ocupa hace poco, lo que en principio la desvincula de los hechos investigados. Si el objetivo es encontrar evidencia útil, lo lógico sería ir a los lugares que guardan relación con el pasado, no con el presente inmediato.

Ahora bien, así como digo esto, también debo señalar en qué Benedetti no tiene razón en otros aspectos que son muy importantes. Presentar una recusación no suspende automáticamente las actuaciones del proceso. Ese es un mito que circula mucho, pero no es cierto. Tampoco es obligatoria la presencia del Ministerio Público en todos los allanamientos, depende del caso, del contexto y de la naturaleza de la diligencia.

Otro aspecto que se ha comentado es que aislar a quienes están en el lugar es una irregularidad. No lo es. Es una medida válida para evitar interferencias mientras avanza la actuación. Y que Benedetti ya no sea congresista no cambia la competencia de la Corte Suprema para investigarlo por los hechos ocurridos mientras lo era.

Pero el punto más grave es otro, y debe decirse sin rodeos: JAMÁS, bajo ninguna circunstancia, se puede insultar a una magistrada como él lo hizo. No solo es una falta de respeto, también es una conducta que tendrá consecuencias jurídicas. El desacuerdo nunca justifica la agresión. En Colombia necesitamos un debate serio sobre los límites y garantías de las diligencias judiciales, pero también sobre el respeto por quienes administran justicia. Criticar, sí. Señalar errores, también. Agredir, nunca. La justicia no se puede enfrentar con insultos.

@CancinoAbog