El país entero quedó conmovido por el homicidio del joven Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes ocurrido en la noche de Halloween en la ciudad de Bogotá. Las imágenes que se han hecho virales muestran al joven siendo víctima de una golpiza y una indiferencia colectiva que inquieta. No obstante, una cosa es la indignación social y otra muy distinta la responsabilidad penal. La Fiscalía parece haber confundido ambas.
En su afán por enviar un mensaje de contundencia, la fiscalía, desafortunadamente, realizo una imputación deficiente. Entre muchos errores, debemos destacar que el ente acusador imputó a los implicados el delito de homicidio agravado, una calificación que no se sostiene ni en la evidencia, ni en la estructura del tipo penal. Los videos, que han sido difundidos incluso por los medios, muestran una riña caótica, un ataque conjunto y desafortunado, pero no un acto premeditado ni una conducta con la clara intención de causar la muerte. En términos jurídicos, esto encaja más con un homicidio preterintencional: cuando la persona busca causar una lesión, pero el resultado final, la muerte, supera su voluntad inicial.
Imputar un delito agravado cuando los hechos apuntan a otro distinto no solo pone en riesgo la validez del proceso, sino que erosiona la confianza en la justicia. La Fiscalía tiene la obligación de investigar con rigor, no de contentar a la opinión pública. Y en este caso, el show, parece haber pesado más que el análisis jurídico objetivo y serio.
Además, no todos los presentes en la escena pueden ser tratados como autores del homicidio. El derecho penal colombiano no funciona por contagio, la responsabilidad es personal y exige demostrar la participación concreta de cada uno. Convertir a todos los que estuvieron presentes en estos lamentables hechos, en coautores es desconocer los principios básicos de imputación subjetiva y del debido proceso.
El dolor de la familia de la víctima merece una respuesta seria del sistema judicial, no una improvisación procesal. Este país no necesita más linchamientos judiciales, sino investigaciones sólidas que soporten condenas firmes. La justicia no puede ser un disfraz de Halloween: debe ser verdad, no teatro.
Cuando la Fiscalía actúa sin rigor, no gana nadie: se vulneran los derechos de las víctimas, el derecho de defensa, se desdibuja la presunción de inocencia y se traiciona la confianza de una sociedad que espera verdad, no espectáculo. Un Estado que atropella garantías, aunque diga hacerlo en nombre de la justicia, termina debilitando la justicia misma.
@CancinoAbog
