La regulación del sector agropecuario en Colombia se encuentra en la actualidad refundida en una serie de leyes, decretos reglamentarios y resoluciones, que no permiten el crecimiento sostenible de la superficie agrícola ni la competitividad del sector.

Es un asunto de tanta importancia y urgencia, que pensé que sería el tema central del próximo Congreso Nacional Agropecuario de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). Desafortunadamente los directivos del gremio prefirieron darle un enfoque más político que técnico. Los 3 millones de productores del campo están mamados de tanta carreta barata, show mediático y pseudo soluciones utópicas que solo logran confundirlos y perpetuar los problemas de ineficiencia en el campo. Con todo respeto, esos espacios deberían ser para llevar expertos y no políticos en plena campaña.

La actual legislación agropecuaria, en vez de fomentar el ordenamiento productivo, la biotecnología, transferencia de conocimientos, tecnificación, financiación y coberturas de riesgos, impulsan la pobreza y el subdesarrollo rural. Los funcionarios del Dane deben estar aburridos de publicar las mismas cifras del PIB todos los años. Lo único que crece en el sector agropecuario es la ineficiencia, la burocracia y la corrupción.

El sector agropecuario está requiriendo un nuevo orden jurídico, que derogue o modifique por ejemplo, las inoperantes Unidades Agrícolas Familiares (UAF), las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), las Umatas y las recién creadas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).

Es una lástima que los dirigentes gremiales del agro no hayan creado una mesa técnica nacional con el Congreso de la República para proponer, debatir y tramitar una nueva normatividad que le permita a los empresarios del campo tener seguridad jurídica sobre sus predios e inversiones, que garantice el acceso al crédito agropecuario y a la biotecnología. Además, que simplifique los requisitos de los certificados, registros y licencias sanitarias, fitosanitarias y ambientales. Y que, reduzca los trámites de control e inspección portuaria, aeroportuaria y aduanera.

¿Y por qué es tan relevante el tema? Para empezar, es imperioso recoger en un solo texto la legislación referente al Sistema Nacional de Reforma Agraria y compra de tierras, el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y el esquema de Seguro Agrario. En segundo lugar, hay que diseñar una legislación acorde con la realidad del país, teniendo en cuenta que las condiciones sociales, económicas y culturales de la Colombia modelo 2025 son diferentes a las encontradas por el legislador a principio de los 90, cuando se expidieron la mayoría de las normas que regulan actualmente el sector agropecuario. Y en tercer lugar, porque hay que contar con normas que incentiven las siembras, la productividad y competitividad de los subsectores agrícola, pecuario y acuícola. Da tristeza ver tanta tierra desocupada y cultivos ineficientes en el país, por falta de normas que permitan el acceso ágil y oportuno a recursos de crédito, a transferencia de conocimientos y biotecnologías, incentivos para la infraestructura de producción y mecanismos de cobertura de riesgos de precios.

Como pueden ver, quedan muchos retos en materia de legislación agropecuaria para el 2026. Ojalá los dirigentes gremiales se dediquen más a la gestión y menos a la política. Zapatero a tu zapato.

*Asesor en crédito de fomento agropecuario