La crisis sobre las tarifas de energía ha sido objeto de múltiples discusiones en la opinión pública por parte de expertos. Incluso la empresa comercializadora Air-e fue intervenida por el gobierno Petro generando más sombras que luces en la gestión de una acción más ideológica y política que técnica.

Recordemos que a la empresa Air-e no se le pagó por parte del gobierno ni los subsidios 1,2 y 3, ni la opción tarifaria-mecanismo regulatorio que permite a las empresas de energía diferir los aumentos de energía para proteger usuarios-. Estos dos rubros eran esenciales para mantener el plan de funcionamiento de la empresa. Más de 5 billones de pesos quedaron de la deuda con el gobierno. Los interventores concluyeron que existían “ graves hallazgos a nivel operativo, financiero y técnico”. Puro discurso.

En medio de un lánguido final de la administración Petro que pretendió resolver los problemas de las tarifas de energía, el milagro de su reducción provino no por parte del gobierno sino de acciones exógenas que incluso han sido lideradas por las autoridades locales y departamentales.

Hoy, los departamentos del Atlántico, Magdalena y la Guajira donde operaba Air-e y donde se benefician del servicio 1,3 millones de personas tienen tarifas más bajas que el año anterior. El kilovatio/hora pasó de $1.072 en agosto de 2024 a $796 en septiembre de 2025. Hay tres razones.

La primera, la decisión de la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) que a través de la resolución 101-082 de 2025 estabilizó los mecanismos de contratación directa con los generadores de energía. Esta medida finiquitó la volatilidad de los precios que había tenido en su gestión Air-e. Tengamos presente que Petro no ha podido tomarse la CREG, hecho que hubiera impedido esta decisión por su particular ojeriza contra el sector privado.

En segundo término, el Tribunal Administrativo del Atlántico en agosto de 2024 decretó medidas cautelares en el marco de una acción popular presentada por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha exigiendo a la CREG que desmonte gradualmente el régimen tarifario especial que se deriva de normas contenidas en el Plan de Desarrollo y que se incluyó exclusivamente para el caso Air-e y Afinia. Estos elementos son el traslado a los usuarios del costo de las pérdidas eléctricas asociados a hurtos y fraudes, el cobro anticipado de las inversiones futuras y la sobretasa de comercialización de cargos. La necesidad de nuevas inversiones es vital, pero la coyuntura es tan positiva que los embalses tienen casi el 82 % de su capacidad cuando a inicios del año estaba en 70%. La naturaleza ayuda a la tarifa.

Por último, se difirió a 10 años por parte del interventor de Air-e el cobro de la opción tarifaria, lo que implicó que se disminuyera de plano la factura de energía de 500 pesos a 13 pesos. Un verdadero alivio para el ciudadano de a pie.

En síntesis, la tarifa de la energía no disminuyó por cuenta del gobierno Petro, sino por otros factores. Por lo pronto, cabe decir que la realidad de la intervenida Air-e sigue siendo dramática. No hay inversiones sobre su capacidad técnica, las deudas aumentan, ha habido 4 interventores y el gobierno Petro no fue capaz de impulsar una ley en el Congreso de la República para pagar lo que se le debe a las comercializadoras de energía por los subsidios 1,2 y 3 y la opción tarifaria.

Tocará esperar que el próximo gobierno asuma con seriedad el tema energético en la costa. Sus ciudadanos lo merecen.

Ex fiscal general de la Nación

Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)