Los magistrados investigadores del Consejo Nacional Electoral (CNE), Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, acusaron a la campaña presidencial de Gustavo Petro de haber violado la Ley 1864 de 2017 en 5.779 millones de pesos, que se dividen así: por utilizar fuentes prohibidas, en 2.779 millones, y por violación de los topes de gastos, en 3.000 millones. La resolución también sanciona con multas a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.

Lo que sigue es que el CNE decida a favor o en contra de los acusados, encabezados por Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, y de unas empleadas suyas. La Ley 1864 establece condenas a penas de cárcel de entre 4 y 8 años.

Esta ley tiene propósitos democráticos. Porque apunta a impedir que sea el exceso de recursos económicos el que decida quién gana las elecciones, más allá de las capacidades y propuestas de los candidatos, en un país conocido como uno de los más corruptos del mundo, en el que se usan las más diversas formas de compraventa de votos.

Hasta hace unos meses, esa ley cubría por igual al candidato a la Presidencia y a sus empleados en la campaña electoral. Pero, en discutible sentencia, la Corte Constitucional separó a Gustavo Petro de sus subalternos, otorgándole la ventaja de no poder ser procesado por el CNE sino por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, conocida como “de absoluciones”. Porque lo primero que han hecho los presidentes, incluido el actual, es asegurarse la fidelidad de la mayoría de los miembros en esa instancia, de manera que siempre salgan absueltos.

Debe saberse que la Comisión de Absoluciones puede acusar ante la Cámara de Representantes al presidente de la República y que dicha Cámara también puede acusarlo ante el Senado, que está en capacidad de destituirlo. Posibilidades bastante remotas, dada la gran influencia que la mermelada de los puestos y los contratos le otorga al jefe del Estado entre los congresistas.

Y con independencia de como avance el proceso en el CNE, la Fiscalía tiene el deber de procesar a Roa y a sus subalternos y exigir el traslado de las acusaciones de los magistrados investigadores.

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De otra parte, Gustavo Petro trató de “negacionistas” a sus contradictores sobre el cambio climático y la necesaria transición energética, una manera falaz de calificarnos a quienes no compartimos sus profundos errores sobre esos temas, tantos, que lo convierten, a él sí, en un auténtico negacionista.

Porque se niega a aceptar que los combustibles fósiles —petróleo, gas y carbón—, por décadas, seguirán siendo insustituibles en la economía del mundo y en la de Colombia, aunque aumente, como aumentará y es bienvenido, el consumo de energías renovables.

Porque se niega a reconocer que el aporte de Colombia a las emisiones de CO₂ por consumo de combustibles fósiles es del insignificante 0,2 por ciento del total del mundo.

Porque se niega a corregir su exigencia a Ecopetrol de invertir en exceso en energías alternativas, reduciéndole sus insustituibles exploraciones en el país para encontrar más petróleo y más gas.

Y porque se sigue negando a publicar un documento que demuestre que su posición sobre la transición energética no pasa de ser irresponsable charlatanería de falso ambientalismo, calculada para engañar a los colombianos.

*Tomado de Cambio Colombia

@JERobledo