El Gobierno nacional tiene la intención de restablecer una contribución del 20 % sobre las tarifas de energía a diversos sectores productivos, para financiar el esquema de subsidios a los usuarios residenciales de menores ingresos. La medida, que estaba suspendida desde el 2012, supondría un alivio fiscal de 1,4 billones de pesos. Sin embargo, vale la pena examinar con más detenimiento sus implicaciones, pues encarecer la energía en una economía que aún no alcanza niveles relevantes de industrialización y bienestar puede tener consecuencias contrarias a las deseadas.
Diversos estudios demuestran que el acceso a energía barata ha sido un motor fundamental del desarrollo, como puede constatarse al revisar algunos casos del siglo XX. El extraordinario crecimiento alemán durante la posguerra se sostuvo durante dos décadas gracias, entre otras cosas, a la abundancia de carbón local a bajo costo, lo que permitió reactivar la industria y multiplicar el poder adquisitivo. Francia, en el mismo periodo, consolidó un notable aumento del bienestar apoyándose en un sistema eléctrico centralizado que mantuvo tarifas estables y accesibles. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos aprovechó el petróleo barato para impulsar la industria automotriz y la urbanización. En todos los casos, la disponibilidad de energía asequible fue uno de los soportes más importantes para el aumento de la productividad, el bienestar y el crecimiento económico.
Encarecer la energía eléctrica para los sectores productivos parece, entonces, una medida imprudente: encarece un insumo básico, desincentiva la inversión y aumenta la vulnerabilidad de las empresas. Antes que fomentar el crecimiento, la medida puede restarle dinamismo a un aparato productivo que está lejos de consolidarse.
Hay, sin embargo, opciones más sensatas. Es imperioso mejorar la focalización de los subsidios, depurando los registros para que los recursos lleguen realmente a los hogares que los necesitan. Otra posibilidad es diferenciar —con buen criterio— el tratamiento entre sectores productivos. Incluso, en lugar de castigar el consumo eléctrico, sería preferible incentivar la inversión en eficiencia energética y en fuentes renovables, de modo que las empresas reduzcan sus costos y el país avance hacia una matriz más sostenible.
Colombia no puede cometer el error de encarecer un insumo estratégico. Conviene, entonces, buscar mecanismos alternativos que fortalezcan la equidad sin debilitar la competitividad, porque la energía barata y bien gestionada sigue siendo uno de los pilares del desarrollo y del bienestar.
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