Volvemos con este tema crucial que habíamos tocado aquí en este espacio hace pocos meses. Porque su importancia es tan grande que compromete, para nosotros en Colombia, una serie de compromisos, acuerdos, convenios legalizados con las disposiciones internacionales entre países y por supuesto las buenas relaciones entre dos Estados. Lo primero que sentimos es la responsabilidad de reconocer que el Presidente Trump tiene razón en la política adoptada de iniciar y proseguir a la expulsión de los Estados Unidos de todo inmigrante que haya llegado ilegalmente y que además presente serios indicios o realidades de su conducta ilegalmente reconocida por la justicia de los países de los ingresados en forma tramposa.
Después de esta terminante manifestación nuestra que a muchas personas no les puede gustar y lo lamentamos, partimos del principio elemental de que a nadie le gustaría que le invadan su propiedad, hogar, campos, fincas, sin permiso y sin el requisito cumplido de muchas normas. Esto es elemental. Estados Unidos le ha tocado pagar caro ser la primera economía del mundo, ser el baluarte de la democracia representativa más sólida en la política internacional, ser una de las culturas más avanzadas de la tierra, ser los líderes de la tecnología y la sapiencia mundial en cuanto a progreso y modernidad. Por ello todo quien llega allá para encontrar empleo y sobrevivir. Pero no todos cumplen con los requisitos y exigencias de hacerlo legalmente o sea como lo imponen y exigen los gobiernos de ese país.
En los Estados Unidos posiblemente viven cerca de un millón de colombianos. El 95% casi seguramente son ciudadanos legalizados o nacidos allí mismo, trabajadores, unidos al progreso de la nación, cumplidores de todas las leyes y requisitos ciudadanos. Hay ciudades como Nueva York o Los Ángeles donde barrios enteros son habitados por colombianos. Ciudadanos de bien que contribuyen con afecto y disciplina al progreso de ese país.
El Presidente Petro ya manifestó que responderá con la revisión del estatus de 16.000 norteamericanos que habitan y trabajan o no en nuestro país. Pues bien: que lo inicie, que lo haga, está en su derecho y debe comenzar por abrir una investigación por la forma como entraron al país. Si fue ilegalmente deportarlos enseguida así como los ilegales que llegaron allá deben regresar. Y por último, si ambos casos, allá y aquí son delincuentes los ingresados, con mayor razón devolverlos a sus países de origen para cumplir las penas impuestas o a los castigos que sean señalados al ser declarados culpables de los delitos imputados.