El Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Puerto Colombia, sigue vigente y plenamente aplicable mientras no exista una decisión judicial definitiva sobre la declaración de nulidad hecha por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, que puede ser apelada por el municipio.

Más aún, en caso de confirmarse la nulidad del PBOT de 2017, los desarrollos inmobiliarios y de infraestructura hechos con base en ese instrumento, conservarán su validez jurídica porque se tramitaron y obtuvieron sus licencias urbanísticas y de construcción en debida forma y conforme a la normatividad vigente en su momento, lo cual garantiza la continuidad legal de lo ya construido.

Estas licencias son actos administrativos particulares que consolidan derechos adquiridos, por lo que deben ser respetadas por las autoridades.

Igualmente hay que precisar que la normativa anterior al PBOT de 2017 también clasifica como suelo urbano el área donde se han hecho los desarrollos inmobiliarios recientes, por lo que incluso en un escenario de aplicación retroactiva de esa norma, su destinación para uso urbanístico seguiría siendo válida.

No es cierto entonces que la continuidad de la construcción de Ciudad Mallorquín quede paralizada o sea declarada inválida. Como tampoco podría serlo la de otros desarrollos como la renovación del Muelle de Puerto Colombia, la Plaza de los Inmigrantes, la Ventana de los Sueños, Muelle 1888, el Centro Gastronómico Internacional, el Mercado Sazón del Atlántico, centros comerciales y desarrollos de uso mixto en Villa Campestre y de conjuntos residenciales como Mirador del Puerto, y Altos de Los Rosales.

La decisión del Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla tampoco afecta proyectos de infraestructura en gestión y ejecución como el Acueducto Regional del Norte, la Gran Vía, y otros inmobiliarios como los aprobados en los planes parciales Costa Verde y Altos de Pradomar.

Sin embargo, la declaración de dicho juzgado es una oportunidad para hacer un llamado a la ciudadanía y a las autoridades administrativas para que, en unión con el sector privado, defendamos y aprovechemos las oportunidades de desarrollo urbano, inmobiliario e infraestructura, que fortalecen el progreso de Barranquilla y Puerto Colombia. Y a los compradores a tener plena confianza en la legalidad, solidez y continuidad de los proyectos aprobados.

Necesitamos evitar que esos desarrollos formales que generan inversión, empleo, y espacio público de calidad, se frenen por posturas de falsos defensores de la naturaleza que, sin respaldo técnico ni información verificada que sustente sus argumentos, insisten en lanzar acusaciones infundadas de daño ambiental e incumplimiento normativo, en una estrategia que parece responder más a intereses particulares que a una genuina protección del interés general.

*Director ejecutivo de CCI Norte