En un Estado social de derecho, civilizado y con autoridad, quien comete una infracción a la ley penal debe ser presentado ante la justicia para ser juzgado y si es el caso sancionado mediante la imposición de amonestación, multa o privación de la libertad de llegar a ser considerado un peligro para la sociedad. Aquel que resulte privado de su libertad será aislado y confinado en un centro de detención intramural de mediana o máxima seguridad, según el caso.

Un Estado debe garantizar la seguridad a sus ciudadanos. La observancia de la ley es de estricto cumplimiento. Es deber del Estado mantener el orden justo en todo el territorio, garantizar la vida y la protección de los bienes, respetando los derechos humanos fundamentales por igual tanto de las victimas como de los victimarios.

Una de las debilidades del Estado colombiano ha sido la lasitud en la aplicación de la ley penal y la política penitenciaria durante décadas, con argumentos amparados en el debido proceso y en la incapacidad del Estado para la administración de los centros de reclusión.

Somos un país con penas blandas, con absoluciones, con una legislación penal que favorece a quienes cometen delitos y, cuando se trata de personajes de la vida política o personas con poder económico, las concesiones son grandes, como también lo son las reducciones de las penas y los cómodos lugares de reclusión que a los que se puede acceder.

Mientras en nuestro país las políticas penitenciarias son un desastre, en El Salvador y en Estados Unidos la mano dura y la autoridad se imponen de manera ejemplar, consolidando que el poder y la ley se respetan y que quien comete un acto de transgresión a la ley debe asumir las consecuencias que esto implica. Con la creación de complejos carcelarios como “Alligator Alcatraz” y otras instalaciones similares que están siendo construidas en un tiempo récord el Gobierno de los Estados Unidos garantiza un lugar seguro para retener a los inmigrantes indocumentados detenidos en redadas de ICE, y a condenados por delitos como homicidio, secuestro, violación y delitos sexuales contra menores. Personas como estas deberán pagar sus condenas en las nuevas instalaciones penitenciarias en condiciones de aislamiento que garanticen el cumplimiento de las penas impuestas.

Un Estado con autoridad y con justicia no puede darse el lujo de permitir que los delincuentes convictos permanezcan en libertad o paguen sus deudas con la justicia en sus casas o en cómodas celdas, como pasa en Colombia, donde “la impunidad se compra, la absolución se vende, la justicia se prostituye; la libertad se obtiene, sin importar si es culpable. El comercio de la justicia es evidente, el vencimiento de términos es una oportunidad latente para el abogado astuto y recurrente.”