María Anayme Barón es la Auditora General, encargada de vigilar la gestión fiscal de la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales. En el año 2023, luego de su posesión ante el Consejo de Estado, denunció que los corruptos en Colombia le roban al erario público unos 50 billones de pesos anuales.

En un país decente, este pronunciamiento hubiese obligado al Contralor General de la República a presentar su renuncia por incompetente, y al Gobierno Nacional, a proponer un proyecto de ley para reformar el control fiscal en Colombia. Pero como estamos gobernados por un régimen de pactos y complicidades, lo único que se les ocurrió fue proponer la vinculación de los ciudadanos en los procesos de control fiscal participativo y fortalecer las contralorías territoriales. Dos años después (2025), las denuncias ciudadanas fueron engavetadas, la corrupción se disparó y el Congreso volvió a elegir a Carlos Hernán Rodríguez, después de que el Consejo de Estado anulara su credencial al encontrar irregularidades en el proceso de su primera elección.

El sistema de elección de contralores en Colombia (general, departamental, municipal y distrital) fue diseñado para promover la corrupción. No tiene sentido que los garantes del buen uso y destinación de los dineros públicos sean cuotas burocráticas de congresistas, diputados y concejales, que también son los dueños de los cargos que ejecutan los presupuestos en las gobernaciones, distritos, alcaldías y entidades públicas del orden nacional. Es como poner a los ratones a cuidar el queso.

Otro grave problema en las contralorías son los altos costos operativos, la ineficiencia en los procesos y el bajo nivel de los profesionales que llegan a esos cargos. No hay derecho, pues, que la Contraloría General de la República, 32 contralorías departamentales, 30 municipales y 4 distritales, con una nómina de unos 7.000 empleados y un presupuesto superior a 1.4 billones de pesos, no hayan sido capaces siquiera de embargarles los bienes y cuentas bancarias a todos los implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Tampoco aplican la función preventiva para evitar que se sigan adjudicando contratos públicos a dedo, sin los requisitos plenos ni garantía de transparencia en los procesos de adjudicación.

En el 2026, los colombianos debemos exigir al nuevo presidente y al nuevo Congreso de la República una reforma estructural al control fiscal en Colombia, si queremos extirpar este cáncer de la corrupción. Desde este espacio propongo comenzar por la supresión de las 64 contralorías territoriales, unificar la función del control fiscal del Estado en una única Contraloría General y crear un “Tribunal de Cuentas” como órgano desconcentrado, encargado de adelantar los procesos de responsabilidad fiscal que surjan como consecuencia de los hallazgos fiscales configurados por la Contraloría General y Única, fruto del proceso auditado.

Se trata de una reforma, a partir de la cual se dividen las tareas de los órganos de control fiscal, de modo que uno de estos, la Contraloría General, se ocupe de ejercer los sistemas de vigilancia y control; y el otro, el Tribunal de Cuentas, de adelantar el juicio fiscal. Un esquema similar al sistema acusatorio que rige para lo penal.

@indadangond