Lo que mal comienza, mal termina; de eso no hay espacio a dudas. Pero más grave aún es que en muchos casos no haya fin. Eso parece resumir la historia de la expedición de pasaportes en Colombia, que esta semana sumó un nuevo capítulo a la extensa novela, en donde cada episodio resulta más bochornoso que el anterior.

Lo cierto es que, desde que comenzó el gobierno del presidente Petro, los colombianos hemos tenido que vivir bajo la incertidumbre y las convulsiones propias por la alteración de un proceso que venía funcionando bien, sin inconvenientes, con mucha garantía técnica y de seguridad, desde hace casi dos décadas.

En el año 2007, Thomas Greg & Sons (TGS) asumió la responsabilidad de producir y expedir los documentos que identifican a los colombianos por el mundo en sus viajes y así lo hizo sin tropiezos ni mayores dificultades hasta que en 2022 comenzó el novelón con la Cancillería colombiana, entonces bajo el mando del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva.

Se abrió la licitación correspondiente tras el vencimiento del contrato en curso con la multinacional británica –que por cierto opera en unos 13 países con otros servicios distintos a los de pasaportes– y justamente por su experticia volvió a ganarla en 2023, teniendo en cuenta que era la única que cumplía con los requisitos establecidos entre los proponentes que se presentaron.

Pero Leyva, atendiendo las instrucciones del presidente de la República, 24 horas antes del plazo declaró desierto el proceso y allí se desencadenó en adelante una serie de sucesos que han mantenido en vilo el servicio de los documentos claves para los ciudadanos que necesitan viajar al exterior.

El gran argumento de entonces del jefe de Estado es que TGS era la misma que sacaba los pasaportes en el gobierno de Duque, pero además que no podían permitir licitaciones dirigidas a un proponente, refiriéndose a que el proceso se había hecho a la medida de la firma.

Thomas demandó al Estado colombiano, pero finalmente y ante la necesidad del Gobierno de garantizar la expedición de los pasaportes, al canciller Leyva no le quedó otra salida que declarar una urgencia manifiesta y prorrogar el contrato por un año.

Entre ese momento y la actualidad, Leyva fue suspendido por la Procuraduría, renunciaron la directora de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación (Marta Lucía Zamora) y el representante del Fondo Rotatorio de la Cancillería, declararon insubsistente por “traidor” al secretario general de la Cancillería José Antonio Salazar –por cumplir con firmar el contrato a TGS para poder garantizar que se mantuviera la expedición de los pasaportes–.

En tiempos del canciller Murillo, en 2024, se decidió que la Imprenta Nacional, con la asesoría y transferencia de conocimientos del Gobierno de Portugal, asumiría el trámite y expedición de las libretas, muy a pesar de que el país tenía claro que la entidad no contaba con las capacidades humanas ni técnicas para acometer una labor con un alto nivel de complejidad.

El tiempo terminó dándole la razón a quienes cuestionaron la decisión, por demás ideologizada, del Gobierno y que atendió claramente el capricho del señor presidente que se empeñó en que Thomas Greg & Sons no siguiera a cargo.

Dos años después seguimos en las mismas: el contrato con la multinacional se vence el 31 de agosto y el 1 de septiembre no se sabe qué pasará con este importante trámite. Mientras tanto, la batalla en el interior del Gobierno está que arde. El miércoles la canciller Laura Sarabia había anticipado que se apelaría a una nueva urgencia para prorrogar otra vez el contrato con Thomas, pero en la noche, en el consejo de ministros al cual no asistió, el presidente la desautorizó y dijo que no sería así. Luego la ministra informó que habrá un período de transición en el que la gobernanza de los datos pasará a estar bajo control de la Cancillería, “mientras la Imprenta consolida sus capacidades para asumir” la responsabilidad de la emisión de los pasaportes.

Más preguntas que respuestas es lo que hay tras este nuevo rifirrafe, más marcado por la ideología del Gobierno que por argumentos técnicos y legales. Mientras tanto, seguimos bajo incertidumbre y nada garantiza que TGS retome su millonaria demanda al Estado. El Ejecutivo se volvió experto en expedir pasaportes para los líos. ¿Será que se acaba el mandato y terminamos con una prórroga de emergencia con Thomas para evitar una parálisis en el servicio? ¿Podrán apelar a una nueva emergencia manifiesta por algo que no pudieron resolver en más de dos años? A rezar se dijo para que no nos quedemos sin los benditos pasaportes.