La reciente aprobación de la reforma laboral – Ley 2466 de 2025, ha despertado un debate intenso en todos los sectores de la economía, y no es para menos. A pesar de las buenas intenciones detrás de la propuesta —mejorar las condiciones de los trabajadores, reducir la precariedad y ampliar la protección laboral— su contenido final deja a las empresas en especial a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en una situación de vulnerabilidad crítica, que no es para despreciar.
Uno de los puntos más polémicos fue la transformación del contrato de aprendizaje en un contrato laboral especial. Esta figura, hasta ahora entendida como una relación pedagógica y formativa, se convierte ahora en una vinculación con todas las cargas laborales propias de un trabajador dependiente. Esto no solo desnaturaliza su esencia educativa, sino que duplica los costos para las empresas. Para una MiPyme, este salto representa una barrera insalvable que desincentiva por completo la formación de talento técnico desde la empresa.
A esto se suma un cambio en las reglas de juego que afecta directamente la operación diaria: el pago de horas nocturnas a partir de las 7:00 p.m., una medida que impactará con mayor dureza a sectores que operan en horarios extendidos, como comercio, vigilancia, hospitalidad y servicios. El problema no es que se reconozcan los derechos de quienes trabajan de noche —algo justo y necesario—, sino que se imponga de forma transversal y sin gradualidad, afectando por igual a grandes conglomerados y a negocios familiares de barrio, sin distinción alguna de capacidad económica ni estructura operativa.
Las preocupaciones desde el empresariado no son infundadas ni nuevas, desde un inicio se ha expresado con claridad la necesidad de contemplar excepciones o trato diferencial para las MiPymes, con el objetivo de evitar una oleada de desempleo e informalidad. Estudios realizados en la materia han estimado que un aumento del 1% en los costos laborales no salariales reducen la tasa de formalización laboral en un -0,4 % e incluso indicado como los costos laborales no salariales en Colombia son más altos que en sus pares regionales y el promedio de la OCDE.
Lo preocupante es que este tipo de advertencias no están siendo atendidas con la seriedad que merecen. Se ha privilegiado el discurso político por encima del análisis técnico. Si de verdad queremos avanzar hacia un modelo laboral más justo, necesitamos hacerlo de forma realista, protegiendo al trabajador sin asfixiar al empleador.
*Directora ejecutivca Lonja de propiedad raíz de Barranquilla
