El presidente ha lanzado una nueva apuesta: llevar su reforma laboral a las urnas mediante una consulta popular. A simple vista, podría parecer un ejercicio legítimo de democracia directa. Pero cuando uno revisa el contexto, surgen varias preguntas. ¿Es realmente una consulta ciudadana o una forma de evadir al Congreso y presionar para que las reformas del gobierno se aprueben sí o sí?
La reforma laboral ya fue rechazada en el Congreso. Y no ha sido la única. También cayeron la tributaria y la de salud. Entonces, este llamado al pueblo deja un sabor amargo: parece un espaldarazo contra el Legislativo y un mensaje de que, si las reformas no pasan por el canal institucional, se intentará a toda costa. Preocupa, además, que se desnaturaliza la figura constitucional de la consulta popular. Este mecanismo fue pensado para que la ciudadanía decida sobre asuntos de especial trascendencia nacional cuando exista una real incertidumbre o falta de definición en los poderes públicos, no como una vía para revivir reformas que ya fueron debatidas y negadas por el Congreso.
Nadie discute que mejorar las condiciones laborales es una meta legítima. Estabilidad, formalización, son discusiones necesarias. Pero el problema no es el qué, sino el cómo. Las reformas estructurales se construyen con técnica, diálogo y acuerdos, no con presión desde arriba. No se gobierna enfrentando al Congreso con la ciudadanía, ni dividiendo al país. Además, no es menor que esta propuesta de referendo llegue justo cuando el Gobierno ha perdido fuerza en el Legislativo y en medio de un ambiente electoral cada vez más tenso. ¿Se trata de garantizar derechos o de recuperar apoyo popular?
Aunque el presidente ha anunciado la consulta, no puede pasar por alto que esta debe ser aprobada primero por el Congreso. Sin embargo, lejos de invitar al debate respetuoso, el mandatario advirtió que todo congresista que vote en contra será expuesto ante la ciudadanía. A eso se suma la declaración del ministro del Interior, quien insinuó que, si el Congreso no se pronuncia, el presidente quedaría automáticamente habilitado para convocarla, advirtiendo además que sería una “torpeza” impedir que el pueblo se exprese. Este tipo de mensajes no fomentan el diálogo democrático, sino que presionan a los legisladores con una narrativa de castigo y polarización.
La democracia no solo se ejerce con votos, sino respetando el equilibrio de poderes. Llevar al país a las urnas cada vez que una reforma no prospera es desgastar a la ciudadanía y deslegitimar al Congreso, que también representa al pueblo.
@CancinoAbog
