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Fachada de Uniautónoma

Mineducación traslada a Fiscalía pesquisas contra Uniautónoma

Son dos investigaciones: una tiene que ver con presuntas deficiencias de orden financiero, administrativo y contable, y la segunda busca establecer si la alma mater ha incurrido en alguna falta de las disposiciones legales que regulan la prestación del servicio público de educación superior.

A la Fiscalía trasladó el Ministerio de Educación las investigaciones contra la Universidad Autónoma del Caribe por los requerimientos de normalización de pagos a trabajadores y seguridad social.

La ministra Yaneth Giha suscribió al respecto las resoluciones número 0145 y 0146 del 2 de febrero de 2018, mediante las cuales se abren dos pesquisas administrativas contra la alma mater barranquillera.

La primera indagación está ligada a con “presuntas deficiencias de orden financiero, administrativo y contable, entre otros aspectos, los cuales pueden constituir una indebida conservación y/o aplicación de rentas, vulnerando normas jurídicas que regulan la prestación del servicio público de educación superior, así como aquellas institucionales”.

Y la segunda busca esclarecer si se “ha incurrido en alguna falta o vulneración de las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior (...)".

Estas autorizaciones de pesquisa se unen a la iniciada el pasado 29 enero por no haber entregado una respuesta de fondo al requerimiento de normalización de pago a los docentes.

Entre tanto, el Ministerio del Trabajo le formuló cargos a la Autónoma por el incumplimiento en los pagos de salarios a los trabajadores, personal administrativo y docente del centro de educación superior y aportes a la seguridad social que se les adeuda.

"De comprobarse violación a las normas laborales, la Dirección Territorial del Atlántico podría imponer sanciones de uno hasta 5.000 salarios mínimos, es decir, multa por cerca de $4.300 millones", indicé esa cartera en un comunicado.

Para el Ministerio de Trabajo "el retraso en el pago de la seguridad social por parte de la Universidad Autónoma del Caribe pone en riesgo la vida y la integridad de los trabajadores y la de sus familias, y con el no pago de los salarios, se afecta el mínimo vital de quienes de manera subordinada prestan los servicios a dicha institución".

Aunque la Universidad aportó una serie de documentos dentro del término, advierte la cartera laboral, no se resolvió el requerimiento relacionado con el pago de la seguridad social y las prestaciones sociales a todos los trabajadores, por lo cual se determinó, mediante Auto No. 0197 del 5 de febrero del presente año, formular cargos a la universidad.

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