La financiación que hicieron empresarios bananeros al Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las desmovilizadas AUC en el Urabá antioqueño fue declarada por la Fiscalía General de la Nación como delito de lesa humanidad (lo que la ubica en el plano de la imprescriptibilidad). La decisión se plasmó en una resolución proferida por el ente investigador a través de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional.
Entre los argumentos que dieron pie a la resolución, el ente advirtió que, en una versión libre, alias Pedro Bonito o Pedro Ponte, excomandante de ese frente, 'hace señalamientos directos y revela nombres de empresarios bananeros de la zona de Urabá que presuntamente financiaron el grupo paramilitar entre los años 1996 y 2004'. A las declaraciones de ‘Pedro Bonito’ se unen la de Hebert Veloza, alias HH, otro exintegrante del grupo al margen de la ley.
Al parecer, según precisó el ente acusador en un comunicado de prensa, el gremio bananero, en aras de garantizarse seguridad, giró 'una importante suma de dinero' para sostenimiento del grupo paramilitar a través de las denominadas Convivir, que en ese momento eran legales.
Cabe precisar que pese a que la Fiscalía aseveró que los empresarios podrían ser señalados por el punible de concierto para delinquir por haber existido el acuerdo de voluntades necesario para la tipificación del punible, aclaró que 'en esta resolución no se analiza en partícular responsabilidad de ninguna persona'.
Uno de los hechos que se destacó dentro de la investigación tuvo lugar el 7 de noviembre de 2001 'cuando en la terminal de carga del puerto de Urabá y de propiedad de una comercializadora frutícola (Banadex), se descargaron y almacenaron por el término de cuatro días, la cantidad de 3.400 fusiles AK 47, además de cuatro millones de cartuchos 7.65, cargamento de armas y municiones que venía desde Nicaragua a bordo del barco Otterloo de bandera panameña'.
Sobre el análisis jurídico que tuvo que abarcarse para llegar a esta conclusión, el ente explicó que, pese a que este tipo de conductas no están señaladas taxativamente como crímenes de lesa humanidad, hizo un 'análisis cuidadoso y pormenorizado' del bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia y doctrina nacional.
En esa línea, revisó la evolución histórica de la definición de delitos de Lesa Humanidad en Convención de La Haya de 1899, la Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, entre otras, y en las decisiones proferidas por la Corte Suprema de Justicia que ha considerado el concierto para delinquir como delito imprescriptible cuando resulta conexo a crímenes de lesa humanidad.
Hecho ese estudio,el ente estableció que, 'efectivamente', con esos dineros aportados por los bananeros a las AUC, se garantizó el funcionamiento y crecimiento del grupo paramilitar en esa zona y, además, se compraron las armas utilizadas para cometer homicidios, desplazamientos forzados de población civil, desaparición forzada de personas, violencia basada en género, reclutamiento ilícito, torturas, etc, con los que 'afectaron de forma indiscriminada a la población'.
Finalmente, la Fiscalía destacó que es posible que esta decisión sirva de precedente para dar igual tratamiento a empresarios que hayan contribuido 'por convicción y/o convivencia' al sostenimiento de grupos al margen de la ley que hayan hecho presencia en esta zona desde la década de los 70 como las Farc, Epl, Eln o CRS.
