El sin sabor de la audiencia de ‘Timochenko’ ante JEP
Familiares manifestaron su inconformidad ante la falta de pruebas en las declaraciones de Rodrigo Londoño por crimen de Gómez Hurtado.
La voz airada y entrecortada de Gustavo Landazábal, hijo del asesinado general en retiro Fernando Landazábal, fue el retrato del sin sabor y la frustración que dejó en las víctimas la comparecencia de Rodrigo Londoño ante la sala de reconocimiento de la JEP sobre los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado, Hernando Pizarro Leongómez, José Fedor Rey, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Landazábal Reyes y Pablo Emilio Guarín.
La diligencia de reconocimiento de la verdad culminó sin mayores detalles o revelaciones por parte del exjefe de la desaparecida guerrilla generando en las victimas inconformidad.
‘Timochenko’ aseguró desconocer mayores detalles sobre la ejecución de los crímenes, y sin prueba alguna admitió los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y Hernando Pizarro Leongómez, de los cuales declaró que fueron motivados por un “ajuste de cuentas”.
Para el resto de los asesinatos que lo llevaron a una audiencia de más de siete horas ante la JEP se le escuchó responder: “No tengo conocimiento, no puedo dar fe de ello, no conocí esa información, no tengo elementos de juicio”.
Para explicar su falta de conocimiento, explicó que como miembro del Secretariado “no sabía sobre el funcionamiento de las células urbanas de la extinta guerrilla” y ante la ausencia de detalles mencionó “que solo se enteró de los pormenores de esos hechos cuando el exguerrillero y hoy senador Julián Gallo compareció ante la JEP para responder por esos seis crímenes”.
Los familiares de Gómez Hurtado –que no le creen a los exguerrilleros– los acusan de encubrir a los verdaderos culpables. Ante eso, el ahora líder político dijo que no tienen ninguna razón para autoincriminarse falsamente por un crimen tan relevante para el país.
Asimismo, las víctimas de los otro cinco homicidios manifestaron su desazón ya que ‘Timochenko’ aseguró desconocer mayores detalles, basándose en que la mayoría de los casos tuvieron lugar en Bogotá donde operaba el bloque oriental y la red urbana de la guerrilla, los cuales no consultaban sus operaciones u objetivos militares con el Secretariado, sino que después enviaban reporte de lo ocurrido.
Ante esto, el magistrado Oscar Parra lo confrontó, pues “teniendo en cuenta su posición en la dirigencia de la antigua guerrilla estaba en la capacidad de acceder a la información de los crímenes y brindar más detalles al país”.
En medio de un “jalón de orejas”, el magistrado le hizo un llamado a “comprometerse y dar pasos más concretos de indagaciones y averiguaciones internas sobre lo que pudo haber ocurrido”.
Análisis
Néstor Rosanía, director del Instituto de Estudios en Seguridad y Paz, explicó a EL HERALDO que “todas las declaraciones que llegan a la JEP tienen que ser corroboradas para que esas versiones puedan ser aceptadas como una verdad de la memoria histórica del país. Los excombatientes tienen la obligación de presentarlas, porque contrario a la justicia ordinaria en la transicional el peso probatorio lo tiene el declarante”.
“Si las Farc asumen esos crímenes deben brindar el material probatorio. Deben agregar documentos o testigos, porque no es simplemente declarar y atribuirse. Además, debe haber un resarcimiento a las víctimas y es otro vacío que hay en las declaraciones de las Farc ante la justicia transicional”, agregó Rosanía.
Puntualizó, además, que “lo más importante es tener claridad frente a la responsabilidad penal de faltar a la verdad o dar verdades a medias. Engañar a la justicia especial tiene una consecuencia jurídica, es importante recalcar que ellos no pueden mentir impunemente, si llegan a faltar a la verdad hay un marco legal que establece las sanciones penales y se pueden perder los privilegios de la justicia especial para la paz y pasar a lo penal en la justicia ordinaria”.
Asimismo, Gabriel Cifuentes, docente de derecho internacional de la Universidad del Norte, ratificó que “la omisión puede afectar la situación jurídica de los excombatientes, pues uno de los postulados de los acuerdos es decir la verdad. Omitir o decir una mentira equivale a guardarse la verdad y puede incurrir en perder todos los beneficios de la justicia alternativa”.
