Piden a Defensoría informe sobre crímenes de líderes y ex-Farc
Desde la firma del Acuerdo Final de Paz han sido asesinados 904 líderes y defensores de derechos humanos y 276 excombatientes de las Farc.
La JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, le solicitaron este lunes a la Defensoría del Pueblo que realice un informe donde se detalle la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que atentan contra los líderes sociales y excombatientes de las Farc.
Con fundamento en esos hallazgos, piden a la entidad del Ministerio Público emitir además una resolución defensorial en la que formule recomendaciones a las instituciones del Estado y a la sociedad para que se detengan estos crímenes.
Para los entes de justicia transicional, la intervención de la Defensoría del Pueblo permitirá delinear una mayor articulación entre las entidades del orden nacional, departamental y municipal, implementar medidas colectivas eficaces que aborden los riesgos estructurales y, a su vez, endurezcan las medidas de autoprotección existentes en coordinación con las comunidades más afectadas.
“En concreto, el Sistema Integral le solicita al defensor del pueblo, Carlos Camargo, que evalúe la situación que enfrentan estos grupos poblacionales, víctimas de amenazas, homicidios, desapariciones, secuestros, desplazamientos y otros ataques. Se le pide al defensor que se identifiquen las causas, se evalúen las medidas actuales, las posibles formas de prevención y los riesgos que corre el país si no se toman las medidas adecuadas”, sostienen los organismos de paz.
Señala además el tribunal de paz que desde la firma del Acuerdo Final de Paz en noviembre de 2016, 904 líderes han sido asesinados.
El Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP arrojó este hallazgo después de realizar el proceso de contrastación y verificación de registros proporcionados por otras instituciones y organizaciones. Solo en 2020 se documentaron 297 casos.
Los departamentos de Cauca, Antioquia y Nariño son los más afectados. En el 25% de los municipios del país (280) se han consumado homicidios selectivos contra líderes sociales, y en 17 de estas zonas se concentra el 32% de los casos.
Y frente a los asesinatos de los excombatientes de las Farc-EP, la UIA registra 276 homicidios perpetrados entre el primero de diciembre de 2016 y el 28 de febrero de 2021. El 92 por ciento de los asesinados (253) eran personas que comparecían ante la JEP.
Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá, Meta, Putumayo y Norte de Santander son los departamentos con más homicidios.
Por fuera de estas cifras, hay reportes además de 40 amenazas, 22 tentativas de homicidio, 15 desplazamientos forzados, 8 secuestros, 2 desapariciones y 2 actos de tortura, consumados entre 2016 y 2021.
Advierte el sistema de justicia transicional que la grave situación de derechos humanos, y la falta de medidas de seguridad que garanticen participación de las víctimas y los excombatientes están poniendo en riesgo la misionalidad de las instituciones nacidas del Acuerdo y se se están convirtiendo en una barrera de acceso a la justicia transicional.
“A este crítico panorama de seguridad se le suma la falta de implementación integral y cabal del Acuerdo Final de Paz. Las deudas históricas del Estado en materia de desarrollo, inversión social y política aún están por cumplir”, se lee en el comunicado.
También refieren que “antes de que terminara 2020, la Procuraduría General de la Nación informó que apenas se han adjudicado 30.318 hectáreas de tierra de 3 millones que el país se comprometió a entregar en 2027. Y, agregó el Ministerio Público, del millón de hectáreas que han sido ingresadas al Fondo de Tierras, la mayoría presentan ocupaciones previas y el 55% de los casos de formalización de predios ya avanzados corresponde a procesos previos a la firma del Acuerdo Final de Paz”
