El Heraldo
Según la ministra Abudinen ya se han recuperado $40 mil de los $70 mil millones del polémico contrato.
Colombia

“Bandas de contratistas corruptos cometieron un delito”: Abudinen

Asegura que si hay responsabilidades de funcionarios del ministerio “tendrán que responder y ser sancionados”.

La ministra barranquillera Karen Abudinen, en el ojo del huracán por el polémico contrato con la Unión Temporal Centros Poblados para llevar conectividad a más de 7 mil colegios rurales de 15 departamentos del país, asegura que los entes de control investigan si existe una “especie de mercado negro de garantías bancarias falsas” de contratistas con el Estado. Explica su actuación en este caso e insiste en que ha abierto las puertas del ministerio para que se adelanten todas las investigaciones. Además, confirma que las escuelas serán conectadas en los plazos originales.

P.

Le dijo al Congreso que la Unión Temporal Centros Poblados estaba conformada por empresas que tenían una “red de contratación con el Estado”. ¿Esto por qué no se pudo establecer antes?

R.

Todas las empresas que quieren participar en la contratación con el Estado colombiano deben cumplir una serie de requisitos habilitantes y la Unión Temporal Centros Poblados estaba habilitada en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio. Para la licitación establecimos además unos requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros que ocho empresas, entre ellas Centros Poblados, cumplieron a cabalidad. Es importante anotar que, en el sistema de contratación pública colombiano, los contratistas no se habilitan a través de noticias en medios de comunicación. No tenían procesos judiciales en contra, ni procesos de caducidad con otras entidades del Estado. Solamente después de firmado el contrato descubrimos que presentaron una garantía bancaria ilegítima. Evidentemente lograron burlar al Estado, y esa es la razón por la que el presidente Iván Duque ha anunciado que se reforzarán las medidas de control en el sistema de contratación pública, para que esto no vuelva a suceder.

P.

¿Tenía la Unión Temporal Centros Poblados experiencia y capacidad para que el ministerio le adjudicara un contrato por $1 billón para conectar a más de 7 mil colegios rurales del país?

R.

Tanto Comcel, Unión Temporal Centros Poblados y otros seis licitantes cumplían todos los requisitos técnicos, jurídicos y financieros exigidos en la licitación. En el caso de experiencia, se pidió que debían haber ejecutado al menos 10 contratos anteriormente en el sector TI. La licitación no se la ganaban los que tuvieran más experiencia, sino quienes nos presentaran las mejores propuestas, siempre y cuando cumplieran los requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros.

P.

¿Por qué nadie se percata o detecta la irregularidad de la garantía bancaria?

R.

La legitimidad de la garantía bancaria no era responsabilidad de la interventoría, sino de una firma especializada en gestión de riesgos, llamada SES Colombia SAS. Esa empresa es conocida en el país, y decenas de instituciones acuden a ella para esta tarea. El 29 de diciembre desde Mintic se envió la póliza, y el 30 de diciembre enviaron su visto bueno, que tengo en mi poder y que cualquiera puede revisar, en el que me informan que la documentación presentada por la unión temporal era válida. También iniciamos actuación administrativa sobre esta empresa para determinar su papel en el caso y aplicar las medidas sancionatorias que la ley nos permita. El próximo viernes 27 está citada a audiencia.

Es importante que el país sepa que no hemos hecho distinción alguna en las investigaciones y en las actuaciones administrativas sobre todos los involucrados en el fraude que cometió la unión temporal. A la fiducia del banco BBVA también hemos pedido explicaciones, porque queremos establecer cómo procedió el Comité Fiduciario, que giró los cheques a los proveedores. Y también, desde el 16 de julio iniciamos actuación administrativa sobre la firma interventora Consorcio PE 2020 C Digitales, que autorizó la utilización de los recursos de anticipo que estaban previstos. Vamos a establecer la responsabilidad que tuvieron en esta situación y, por supuesto, también están bajo investigación de los entes de control.

La ministra TIC ya ha afrontado dos debates de control político en el Congreso de la República.
P.

¿Qué va a pasar con la firma interventora?

R.

La audiencia que convocamos para examinar el papel de la interventoría está en curso. El apoderado de la firma Consorcio  PE 2020 C Digitales trató de dilatar el proceso y ganar tiempo, mediante una tutela que interpuso pidiendo plazo de meses para responder nuestras preguntas y lograron congelar la audiencia por unos cuantos días, mientras el juez revisaba el caso. El juez falló a nuestro favor y la audiencia ya se reanudó. Estaremos informando a la opinión pública sobre el desarrollo de este proceso. Y los entes de control, por su parte, también comenzaron sus actuaciones sobre la firma interventora. La Fiscalía también tiene al interventor incluido en sus indagaciones.

El ministerio no es un ente de control ni un poder judicial. Lo que nosotros podemos hacer es iniciar actuaciones administrativas, pero no puedo adelantar en qué terminará cada una, por respeto al debido proceso. En el caso de la Unión Temporal Centros Poblados, la actuación ya terminó y nuestra decisión fue la caducidad del contrato.

P.

Frente a un contrato de un monto tan elevado, ¿fallaron los controles adoptados? ¿Podría haber funcionarios del ministerio implicados o del mismo banco Itaú?

R.

No podemos apresurarnos a hacer afirmaciones hasta que los entes de control hagan las actuaciones que les corresponden. Lo que sí hemos hecho es abrir las puertas para que la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía investiguen libremente y encuentren todas las responsabilidades, fuera y dentro del ministerio.

P.

¿Qué tanto ha hecho hoy el ministerio frente a la Unión Temporal Centros Poblados para recuperar el anticipo?

R.

Nuestra reacción fue muy rápida. Tomamos una serie de medidas y en menos de dos meses logramos la caducidad del contrato, que es la más dura sanción que puede recibir un contratista en nuestro país. Y enseguida procedimos a recuperar los $70.000 millones que ellos recibieron como anticipo, más los casi $40.000 millones de la cláusula penal pecuniaria por incumplimiento. Recurrimos al cobro coactivo y embargamos bienes, propiedades, cuentas y vehículos de los socios de la unión temporal.

Establecimos un plan de choque de supervisión en el cual ordené al viceministro de Conectividad, Walid David, visitar las bodegas y los colegios donde se encuentran los equipos adquiridos para conectar los centros digitales correspondientes al contrato caducado. Esto con el fin de hacer un levantamiento y corroborar el plan de inversión del anticipo. También pedimos el acompañamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de la Contraloría, a través de su Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes.

El contrato se hizo para llevar conectividad a más de 7 mil colegios rurales de 15 departamentos del país.
P.

¿Por qué se solicita la intervención del FBI?

R.

El presidente Iván Duque así como la Fiscalía General de la Nación han prestado una valiosa ayuda, la cual no me canso de agradecer, para asegurar la pronta recuperación del dinero entregado como anticipo. Como al parecer los contratistas lograron mover una parte del anticipo a cuentas en Estados Unidos, las autoridades norteamericanas prestan ayuda para rastrear ese dinero y aplicar las medidas que la justicia determine.

P.

Se ha denunciado que asesores del Ministerio TIC tuvieron vínculos con esta unión temporal, ¿qué sabe del tema?

R.

La sociedad De Vivero y Asociados nos prestó asesoría jurídica externa en temas de derecho contractual, pero nunca intervino en la evaluación de las propuestas de esta licitación. Eso no estaba entre sus obligaciones, como pueden verlo en el contrato de prestación de servicios No. 563 de 2020. Es una firma consultora en temas jurídicos, a la que acuden muchos privados también; sin embargo, desde el Mintic solicitamos a dicha firma un informe para tener claridad sobre la presunta relación con la UT, a la que responden: “Manifiesto que no conozco a ninguno de los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, y reitero que tampoco conozco, ni he recibido poder de la sociedad CM Construcción y Mantenimiento ni de sus representantes, mucho menos de quienes se ha manifestado fueron intermediarios en la expedición de la garantía de cumplimiento del Contrato de Aporte No. 1043 de 2021”.

P.

¿Qué acciones internas ha tomado el ministerio para que otros contratos no sufran las mismas irregularidades?

R.

Es importante aclarar que aquí lo que ocurrió fue un delito cometido por bandas de contratistas corruptos, y que, al parecer, lo vienen haciendo desde tiempo atrás. Se ha conocido y se comenta que existe una especie de mercado negro de garantías bancarias falsas, y es posible que haya otros casos similares en el pasado, en otras instituciones. No lo sabemos, pero la Fiscalía investiga todo eso.

Lo que hemos hecho es permitir la libre actuación de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía en el interior del Mintic. Desde el primer día abrimos las puertas y los escritorios para que ellos puedan investigar lo que quieran y si hay responsabilidades en funcionarios del ministerio tendrán que responder y ser sancionados. La primera medida que tomé fue cambiar al equipo que estaba involucrado directamente en ese contrato, y puse un equipo nuevo, para asegurar un entorno transparente a los órganos de control. Y encargué de la supervisión del caso al viceministro Walid David. Este delito, es un precedente para el país en materia de contratación estatal. Ya el gobierno empezó a tomar medidas con la Circular 001 que sacó Colombia Compra Eficiente referente a los mecanismos para fortalecer la debida diligencia de los beneficiarios de pólizas de seguros, garantías y avales bancarios.

P.

Ahora que la ETB se queda con el contrato de Centros Poblados, ¿cómo se procederá para garantizar la conexión de los colegios rurales?

R.

Con la caducidad buscamos proteger no solo los recursos de la Nación, sino la conectividad y el desarrollo de las niñas y niños de las zonas más apartadas del país. Ahora vamos a aplicar lo previsto en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007. Contrataremos con el proponente que obtuvo el segundo lugar en el proceso de selección, que es la Unión Temporal ETB NET, la cual ofreció conectar 1.838 centros digitales adicionales para un total de 6.589 centros digitales. Nuestra prioridad es asegurar que la zona B, que era la que estaba a cargo de Centros Poblados, pueda recibir la conectividad prevista en el proyecto, en los plazos originales. Todo eso tendremos que acordarlo con ETB NET.

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