Frente al relato de fraude lanzado por el presidente Gustavo Petro y su entorno de poder político, el registrador Hernán Penagos defiende la integridad del proceso electoral, al insistir en que los sistemas o softwares de la entidad no alteran resultados, solo consolidan la información consignadas por jurados en las actas que son públicas. Con datos, ejemplos y advertencias, traslada el foco hacia los riesgos reales: compra de votos, constreñimiento, financiación ilegal y violencia armada. Este es su llamado a proteger la confianza ciudadana para evitar que la desinformación termine cobrando un alto costo social y democrático.
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A una semana de la jornada electoral, ¿cuál es la previsión de la Registraduría?
Trabajamos muy fuerte poniendo a punto los últimos detalles del proceso. El material electoral en el exterior fue distribuido y en el país se está iniciando. El Plan Democracia garantiza su traslado a cada una de las 125.259 mesas en los 13.493 puestos. Hemos realizado simulacros de cada uno de los sistemas de información, incluido el escrutinio, y hasta revisado los lapiceros que se utilizarán. Todo avanza para que ese día no haya ninguna dificultad y la ciudadanía pueda estar tranquila de los resultados.
¿Definitivamente habrá traslado de mesas en Córdoba?
En el caso de Montería, el lugar más afectado por la emergencia invernal, se hace necesario trasladar 19 puestos de votación, tres de ellos rurales, unas 240 mesas. También se debe trasladar el sitio del escrutinio municipal y departamental, a cargo de los jueces. Policía y Ejército resguardarán las nuevas locaciones y estamos socializando con la comunidad esta información para que voten. En todo caso, no se cancelarán ni suspenderán los comicios.
¿Cómo funciona la coordinación interinstitucional para garantizar normalidad electoral?
Ha sido una semana de reuniones importantes con Procuraduría, Contraloría, Defensoría, Ministerio del Interior y de Defensa con varios propósitos. El primero, verificar la seguridad de puestos y mesas de votación, es decir, la articulación de la división política electoral con el Plan Democracia y las garantías de seguridad: el despliegue operacional, la ubicación de las tropas y el traslado del material electoral. Por ese lado, damos un parte de tranquilidad.
El segundo, hemos tomado decisiones en materia de ciberseguridad sumando las fortalezas de la Registraduría y del Ministerio de Defensa para repeler cualquier intento de ataque, que se dan por millones durante los días electorales. Y en tercer lugar, hemos hecho la tarea de explicar una a una las inquietudes del Gobierno. Sobre todo, en el tema de auditorías y el procesamiento, el conteo de votos y el escrutinio con las actas electorales, para dejar en claro que no hay lugar alguno a generar dudas respecto a la jornada del próximo 8 de marzo.
Frente a los riesgos de violencia política o electoral, ¿qué garantías tienen los ciudadanos para ejercer su derecho al voto con total libertad?
La Defensoría de Pueblo cifra en 69 los municipios en máximo riesgo electoral; el Ministerio de Defensa los estima en 104. Estamos trabajando para que la gente pueda votar y hacerlo libremente. En esos territorios, el Ministerio de Defensa y la cúpula militar han tomado decisiones operacionales para garantizar presencia, en algunos casos, y en otros, para hacer despliegues perimetrales frente a los puestos y mesas de votación.
¿Y qué hace la Registraduría para garantizar la integridad electoral de la jornada?
Como nunca, una serie de acciones para que haya absoluta tranquilidad de la transparencia y la integridad del proceso electoral. Entre esas, auditorías informáticas nunca se habían realizado en Colombia, de la mano de expertos internacionales; la exposición del código fuente de los softwares de preconteo y escrutinio y su congelamiento para garantizar que cuando inicien su ejecución el 8 de marzo no hayan sido alterados de manera alguna.
También publicaremos todas las actas electorales. Antes, se publicaba un acta por cada mesa de votación, pero resulta que son tres actas las que en cada mesa tienen la misma información, con propósitos diferentes: la de transmisión, la de claveros y la de delegados.
Son 125 mil mesas y publicaremos cerca de 770 mil actas. Es una acción importante de integridad electoral. Además, contamos con representación de la Unión Europea, la OEA y la Misión Carter, entre otras, y desde hace meses con Procuraduría, Contraloría y Fiscalía hacemos seguimiento a cada uno de los componentes del proceso electoral.
¿Partidos políticos le han expresado recelos sobre la transparencia electoral?
Hemos autorizado a los testigos electorales para que tomen fotos del acta electoral de la mesa y las comparen con las que publicará la Registraduría. Se les permitió a los partidos políticos designar auditores de sistemas para que hagan seguimiento al código fuente y a los demás sistemas de información. Le aseguro que las acciones de integridad electoral que dan seguridad de la transparencia del proceso se han desplegado como nunca en Colombia.
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Seguimos trabajando con determinación, aclarando la desinformación y noticias falsas que nos golpean, preocupan e inquietan, porque el trabajo que hace la Registraduría, que no soy yo, es el de cientos de técnicos que llevan años preparando esta fiesta democrática. Hacer elecciones en Colombia no es elemental. Este es un país de 41 millones y medio de votantes en una zona geográfica compleja y 67 países en el exterior, con un invierno intenso, pero aquí vamos, haciendo todo lo humanamente posible para dar tranquilidad.
Sin embargo, el presidente Petro insiste en sus sospechas de fraude pese a que los entes de control y la observación internacional no encuentran evidencia alguna. ¿Qué dice?
Estamos para aclarar o explicar lo que haga falta con mucho gusto. Es nuestra tarea y lo hacemos permanentemente. No entraremos en narrativas de discusión. Lo que queremos es dar absoluta tranquilidad. Ya tenemos las auditorías internacionales pedidas desde el Gobierno y presentamos el código fuente que está a disposición de autoridades, auditores de partidos y observación internacional para que verifiquen su fiabilidad e inalterabilidad.
¿Qué tan fiable es el preconteo de los votos?
El preconteo es información preliminar que se le entrega a la ciudadanía de forma ágil o rápida para asegurar tranquilidad democrática. Se transmite por teléfono y no hay manera de que se pueda alterar ese software. Valga decir que no son los datos con los que se declaran los resultados, eso ocurre durante el escrutinio a partir de las 4 de la tarde, en el que 9.600 jueces de la República, desplegados en todo el país, cuentan, revisan las actas y declaran resultados. Por tanto, ese escrutinio no lo hace la Registraduría ni las actas provienen de ella, sino de los jurados de votación. Son, en total, 860.000 personas que hay que agradecerles por el servicio que le prestan al país. Ellos diligencian las actas, las llenan a mano y las firman. Esas actas y esos jueces son los que cuentan los votos en Colombia.
Así que ningún software de la Registraduría puede alterar los resultados. Es tan elemental como que cualquier persona, después de las cuatro de la tarde, observe las actas electorales de cada mesa de votación y las compare con los datos que relata la entidad. Estos son en físico y publicables. Nuestros softwares hacen una tarea de divulgación. Es decir, suman los resultados que están en soporte físico de cada mesa de votación.
¿Esos softwares son de la Registraduría?
Sí. Hace cuatro años, en cumplimiento de una decisión del Consejo de Estado, el anterior registrador adquirió un software de escrutinio nacional. Esa exhortación no fue por alteración del sistema, sino por un caso de reconteo de votos que reclamó el partido Mira. El software no se le compró a Thomas Greg & Sons; fue a la firma española Indra. Hoy está en poder del Consejo Nacional Electoral que hará la consolidación nacional después del 8.
Es más, hemos hecho reuniones para escoger al azar, hacer pruebas y verificar los lapiceros que se usarán ese día. Son comunes y corrientes, con condiciones técnicas adecuadas, no hacen magia ni tampoco se pueden borrar. Pero cualquier persona puede llevar su lapicero. Nosotros los ofrecemos, porque después dicen que no teníamos. Con esto le digo que todas las inquietudes han sido explicadas en los mesas de la Comisión de Garantías Electorales y del Plan Democracia y lo seguiremos haciendo ante los reclamos del Gobierno.
Petro solicitó testigos electorales de la fuerza pública, ¿eso se ha contemplado?
Los testigos electorales son designados por las organizaciones políticas, candidatos o candidatas. En Colombia tenemos 28 partidos y, si se quiere, puede haber 35 testigos por cada mesa de votación y son 125 mil. Es decir, podrían ser cuatro millones. El llamado es que los nombren, pero que lo hagan, porque aunque tienen la autorización no los designan ni toman fotos de las actas electorales. Se nos sale de las manos. Los partidos también pudieron nombrar jurados de votación y apenas lo hicieron en un 2 %.
Y pregunto, si hay tanta preocupación, ¿qué les cuesta? ¿Por qué no designan testigos y jurados? ¿Qué más requieren de la organización para apoyarlos? Tenemos la disposición de capacitar testigos para que hagan su tarea de la mejor manera. Por tanto, aquí no hay ninguna restricción para designar testigos que cumplan su tarea de cuidar los votos.
¿Cuál es el papel de Thomas Greg & Sons en las elecciones?
Cumplen varias tareas. La más importante producen el material electoral, lo imprimen y trasladan a 67 países y a 13.493 puestos de votación en Colombia. También ayudan en alianza con otras empresas del país a transmitir los resultados por teléfono. En el preconteo, recogen información de las actas electorales enviadas por escáner para digitalizarla y dar datos preliminares muy rápido y apoyan el escrutinio porque proveen computadores, máquinas, sillas y mesas para que los jueces lo hagan. No hacen el escrutinio, no tienen injerencia, los jueces son los únicos que declaran jurídicamente los resultados en el país.
Thomas Greg & Sons no suma votos ni procesa información. Esa es una narrativa en la que se quiere insistir para poner un manto de duda sobre la firma que hace los pasaportes. Vamos a lo real, porque nos desvían de la información y la realidad es que el momento más importante, el que gobierna todo el proceso electoral, es el de la mesa de votación. Y allí son los jurados los que cuentan los votos y llenan a mano las actas electorales. A esas actas se les toman fotos y el software no puede hacer nada diferente a consolidar la información.
Así que cualquier partido, organización y candidato solo tiene que bajar esas actas, mirar los resultados de cada mesa y compararlos con lo que dice la Registraduría.
¿Usted garantiza que los datos no son vulnerables?
Insisto, en Colombia hay prueba física de cada mesa y esa es la garantía. Solo recuerde lo de Venezuela, donde las actas electorales no las publicaron. Punto. No son los softwares, esa es una entelequia que termina desorientando la realidad democrática. Estos solo son herramientas, como calculadoras, que ayudan a recoger la información, pero nunca esa información puede ser diferente a todas las actas que están publicadas para el escrutinio.
¿Por qué cree que se busca desacreditar la misión de la Registraduría?
No tengo la menor idea ni me interesa adentrarme en esas profundidades. La Registraduría es una entidad compuesta por miles de funcionarios que trabajan con dedicación, interés y juicio. El registrador escasamente hace su tarea de gerencia, pero no soy su técnico ni el que más sabe de sistemas ni de derecho electoral. El registrador no es capaz de tomar una decisión y orientar a 30 mil personas para que, por ejemplo, invaliden un resultado. Eso es descabellado y hasta ridículo.
¿Entonces que hay detrás de esta campaña de desprestigio?
La Registraduría vive de un solo atributo: confianza. Y si esta se socava, el problema no es del registrador, ni siquiera de la entidad. El problema es que terminamos enlodando y golpeando la democracia de Colombia. A veces ni siquiera nos damos cuenta de sus efectos. No es el nombre de la persona que está hoy al frente. Eso es lo de menos. Los servidores públicos tenemos que estar acostumbrados a esto. Lo importante es qué tanto le afectan esas circunstancias a la democracia colombiana.
Las elecciones se van a hacer, pero me preocupa su costo social. ¿Por qué le tiene que costar tanto la democracia a la ciudadanía colombiana celebrar unos comicios? ¿Por qué para elegir gobernantes, representantes y senadores, el Estado, la sociedad colombiana tiene que pagar tanto? ¿Por qué tiene que costar tanto en vidas, en degradación de las instituciones, en confianza inversionista, en la economía? A veces no nos damos cuenta de que todo esto lo que genera es un costo altísimo desde el punto de vista estructural para el Estado colombiano.
Explíqueme su tesis…
¿Cuánto cuesta esto, por ejemplo, en relación con el deterioro de las instituciones que son vilipendiadas, atacadas ferozmente cuando se trata de entidades que están en la estructura del Estado? No nos damos cuenta de que por desinformación se podrían producir hechos de orden público, como los de Gamarra, Cesar, donde en las elecciones pasadas asesinaron a una registradora y a otra la quemaron viva. ¿Por qué? Porque la pasión democrática termina en que colombianos ataquen a sus propios compatriotas y los maten. Y me pregunto, ¿por qué a Colombia le tiene que costar tanto la democracia y tiene que pagar tanto por elegir sus gobernantes? Las elecciones deberían ser todo lo contrario, una fiesta democrática, un respaldo al Estado de derecho y una muestra de que Colombia es un Estado de libertades. Pero eso pareciera que no es lo que opinan algunos.
Mientras unos polarizan, otros buscan coaccionar al ciudadano impidiendo que su voto sea libre. Barranquilla, por primera vez, está en riesgo extremo por violencia electoral…
Hay lugares del territorio nacional donde existen preocupaciones por coacción de electores y por denuncias de candidatos que no pueden hacer campaña. No podemos ocultar esas realidades que deben ser atendidas por diferentes entidades del ámbito electoral. Y en casos de participación de funcionarios en política, el destino de recursos públicos en las campañas políticas o financiación ilegal, deben entrar a actuar todas las demás autoridades.
El buen suceso de un proceso electoral es responsabilidad de las instituciones. Si hay delitos está la Fiscalía; en temas de orden público o de constreñimiento está la fuerza pública para garantizar tranquilidad ciudadana ante la coacción. Todas las instituciones deben concurrir para lograr el propósito de elecciones libres y justas. De nuestra parte recibimos quejas, solventamos dudas, convocamos a comisiones de seguimiento, llevamos biometría donde es necesario, pero no soy el comandante de las Fuerzas Militares, ni el fiscal General, ni el procurador, ni el contralor, así que todos tenemos que hacer lo que nos corresponde.
Ante las alertas, la prioridad es garantizar el derecho al voto libre. Por eso, con Procuraduría y Contraloría estamos comprometidos con la Paz Electoral para que la ciudadanía vea las elecciones como una fiesta y respete los resultados en aras de que la democracia fluya.
¿Le preocupa que se desconozcan los resultados?
Claro que sí. Uno de los principales postulados de la Procuraduría en la estrategia Paz Electoral es el respeto por los resultados, sea cual fuere. Porque son los que definen las mayorías. Pero a veces no nos damos cuenta de que el fraude electoral no está en el interior de Registraduría, donde estamos listos para explicar lo que quieran, sino en la compra de votos, en la coacción al ciudadano, en los grupos armados ilegales instrumentalizando gente, en las campañas políticas penetradas por financiación irregular o ilegal, en el uso de recursos del Estado en campañas, en servidores públicos haciendo política de forma abierta cuando no se les permite. Ese es el real fraude electoral, solo que nos orientan hacia el software, los tachones, el E14, el código fuente, y claro que lo explicamos todo, pero créame que ese no es el verdadero problema.
¿A qué hora vamos a tener resultados?
Mucho más rápido que en cualquier otro momento porque hemos multiplicado por cuatro todas las capacidades de comunicaciones, de software y de servidores. Aunque no se puede olvidar que no son elecciones presidenciales con pocos candidatos, sino de Congreso, con listas abiertas y cerradas y su procesamiento no es sencillo. También tenemos consultas, así que la tarea será algo más larga. Lo primero que procesaremos serán las consultas, luego Senado y, por último, cámaras territoriales.
¿En la mesa de votación debo pedir el tarjetón de consultas o me lo entrega el jurado?
El tarjetón de la consulta es lo que se conoce como un suceso o hecho rogado. Si el ciudadano quiere votar la consulta se lo dice al jurado. No obstante, se dio una instrucción a todos los jurados para que informen de la existencia de esa consulta y el ciudadano decida si quiere votarla o no. Las otras dos tarjetas de Senado y Cámara sí serán entregadas.
¿Se resolvieron las dudas sobre el formulario E-14?
Deben ser diligenciados de manera muy limpia, no deben tener tachones ni enmendaduras porque está comprobado que complica la transmisión de resultados y de ahí en adelante todo se vuelve un lío. Si las actas se llenan con tachones se castiga a partidos que obtienen votos porque se vuelve una tarjeta electoral casi que imposible de observar, siempre se han diligenciado solamente las casillas donde los partidos obtienen votos.
¿Cuál es su apuesta en términos de participación?
En las elecciones de 2022 votó el 48 % del censo electoral. Menos de la mitad eligió Congreso y aspiro que esa votación suba dos, tres puntos, que ya es un triunfo si se logra porque es la forma de respaldar a un país y demostrar que vivimos en un Estado libre y democrático.
