Frente a la información divulgada sobre posibles conexiones entre miembros del denominado Estado Mayor de los Bloques ‘Jorge Suárez Briceño’, Magdalena Medio ‘Comandante Gentil Duarte’ y Frente ‘Comandante Raúl Reyes’ (Embf)- encabezado por Alexander Díaz, alias ‘Calarcá Córdoba’- miembros de la Fuerza Pública y funcionarios del Estado, la Defensoría del Pueblo calificó como “urgente” la intervención inmediata de la Fiscalía y la Procuraduría para aclarar estos hechos.
La institución aseveró que, de ser ciertas estas revelaciones, se establecería un cuestionamiento en la integridad de todo el Gobierno.
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“Esta situación se agrava por las revelaciones recientes sobre presuntos nexos entre este grupo armado y miembros de la Fuerza Pública en varias zonas del país, y con altos funcionarios del Estado en el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia. De ser ciertas, indicarían, no solo un plan distinto de parte del grupo, sino cuestionamientos sobre la integridad de todo el Gobierno en un proceso incorruptible que conduzca a la paz”, informó la defensora Iris Marín Ortiz desde Barranquilla.
En ese orden de ideas, solicitó a los entes de control adelantar las investigaciones penales y disciplinarias con celeridad, independencia e imparcialidad, e informar sus avances y resultados con transparencia y respeto del debido proceso.
Asimismo, sugirió evaluar el retiro de las personas que podrían estar comprometidas en los presuntos hechos de corrupción.
El panorama de las disidencias de ‘Calarcá’ en el país
De acuerdo con la institución, actualmente existen dos visiones del proceso con el Embf: la oficial, que refleja compromisos formales hacia la paz, y la realidad territorial, donde se observa expansión armada, reclutamiento, control poblacional y mensajes contradictorios sobre la voluntad de desarme. Algunos voceros incluso rechazan públicamente la dejación de armas.
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“En ejercicio de su facultad constitucional para impulsar o mantener salidas negociadas al conflicto armado, el Presidente debe evaluar de manera integral tanto los acuerdos alcanzados como la información proveniente de diversas fuentes sobre el comportamiento de los grupos armados. Es necesario exigir hechos que demuestren una voluntad auténtica de paz, en particular una reducción efectiva de las afectaciones a la población. Para ello, resulta indispensable contar con herramientas sólidas de monitoreo y verificación de los acuerdos humanitarios”, expresó Marín.
