La JEP emitió este martes si primera sentencia contra el antiguo secretariado de las extintas FARC por los secuestros en el país: se trata de la máxima sanción propia a trabajos por 8 años en búsqueda de personas desaparecidas, acción integral contra minas, recuperación del medio ambiente y reparación simbólica.
De acuerdo a lo establecido por el Acuerdo Final de Paz, los últimos integrantes del Secretariado de las FARC recibieron sanciones propias restaurativas tras dejar las armas, aportar a la verdad y reconocer su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El tribunal de paz lo calificó como “un hecho histórico: estos comparecientes nunca habían rendido cuentas ante la justicia ordinaria, y la impunidad por estos crímenes alcanzaba el 92%”.
Los sancionados por la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de Paz son Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.
Esta primera sentencia en el caso de secuestro sancionó a los máximos responsables de las políticas y patrones macrocriminales entre 1993 y 2012. No será la única: vendrán otras contra los responsables por bloques de la extinta guerrilla. A la fecha, 41 firmantes han sido imputados por estos crímenes y todos han reconocido su responsabilidad en los patrones documentados por la JEP.
Esta política de secuestros que extendieron por todo el país dejó al menos 21.396 hechos victimizantes.
El sistema de justicia transicional indicó que como parte de la sanción, inicialmente se priorizó un proyecto de búsqueda, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas en el cementerio de Palmira, Valle del Cauca. La JEP definió que, además de este, los comparecientes desarrollarán otros proyectos que se irán implementando progresivamente hasta cumplir la sanción.
“También se priorizó un proyecto de memoria en el que los comparecientes deberán realizar relatos dignificantes que empezarán en Cali y Neiva, así como labores operativas como transcripciones, sistematización de información y apoyo en la organización de eventos orientados a la memoria y la reparación simbólica de las víctimas. Asimismo, deberán participar en obras donde se instalen dispositivos de memoria”, agrega el fallo.
Además, los sancionados tendrán restricciones de derechos y libertades, entre ellas las relacionadas con la movilidad, la residencia y el trabajo. Deberán cumplir horarios, permanecer en los lugares determinados, estar bajo monitoreo permanente mediante un dispositivo electrónico y participar en los proyectos restaurativos durante el tiempo fijado en la sentencia.
De igual modo, los sancionados permanecerán bajo un régimen de condicionalidad que les exige seguir aportando verdad cada vez que sean requeridos en las distintas investigaciones de la JEP a las que siguen vinculados por otros crímenes cometidos durante el conflicto.
“Las obras serán monitoreadas por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de las Sanciones Propias, conformado por la JEP y la Misión de Verificación de la ONU. El Gobierno Nacional es responsable de garantizar los recursos y las medidas necesarias para la ejecución y cumplimiento de la sanción”, añade el documento.
El tribunal de paz impartió órdenes adicionales a entidades estatales, entre ellas a la Unidad de Víctimas, para que reevalúe la inclusión de las víctimas en sus registros y, de ser el caso, estas puedan acceder a la reparación administrativa.
“El proceso judicial de la JEP por los secuestros permitió reconstruir la magnitud de los crímenes imputados, la evolución de las prácticas, las dinámicas que alimentaron las atrocidades, los impactos psicosociales sufridos por las víctimas y sus familias, el daño a comunidades y territorios, así como las políticas que llevaron a su comisión”, sostiene la sentencia.
Estos comparecientes fueron declarados máximos responsables de las Farc-EP y penalmente responsables en calidad de autores por los crímenes de guerra de la toma de rehenes y homicidios, así como de crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas.
De igual manera, en calidad de autores por responsabilidad por mando fueron declarados responsables por los crímenes de guerra de tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado; y por los crímenes de lesa humanidad de tortura, esclavitud y otros actos inhumanos, cometidos por las unidades bajo su mando.
Tras un riguroso proceso de investigación, la JEP concluyó que los exintegrantes del Secretariado de las FARC hicieron del secuestro una política criminal siguiendo tres patrones: financiar su organización armada, presionar al Estado colombiano para un intercambio de prisioneros y ejercer control social y territorial.
“La Sala de Reconocimiento de Verdad llamó a rendir versión a 402 comparecientes de las FARC por los secuestros. Durante la pandemia del Covid-19 se incorporaron herramientas virtuales y se hizo un proceso de acompañamiento a los intervinientes y la judicatura para que se familiarizaran con su uso. Durante dos años, la JEP escuchó como ningún otro tribunal las observaciones de 795 víctimas y recibió 1.200 escritos sobre lo que dijeron los comparecientes de las FARC. Esto permitió profundizar en la documentación de los malos tratos y otros crímenes que padecieron las víctimas en el cautiverio. También revisó los informes de la Fiscalía General de la Nación y de las organizaciones de la sociedad para contrastar la información”, concluye el reporte.
Los comparecientes deberán trabajar en los próximos ocho años, entre otros, en:
1) Búsqueda de personas dadas por desaparecidas: De las más de 4.325 víctimas de secuestro acreditadas ante la JEP, cerca del 8% reportó a un ser querido desaparecido en medio de los secuestros cometidos por las extintas FARC. Para contribuir a la reparación de este crimen —que no cicatriza mientras las familias no sepan qué ocurrió con sus seres queridos— los sancionados deberán elaborar un balance de información sobre las personas desaparecidas, realizar reuniones con otros firmantes y formular planes de trabajo coordinados con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que ha identificado un universo de 132.877 víctimas de desaparición forzada en el país. Este trabajo incluye la recolección y sistematización de datos, la entrega de coordenadas, la elaboración de mapas temáticos y el acompañamiento en visitas de campo con fines de prospección y recuperación. También contempla la capacitación y adecuación de sitios de custodia de cuerpos, la participación en el diseño metodológico de espacios territoriales y la realización de actos de reconocimiento, arrepentimiento y perdón concertados con las víctimas. Inicialmente, la sección priorizó como primer proyecto de sanción la búsqueda, identificación y entrega digna de personas desaparecidas en el Cementerio Central de Palmira, Valle del Cauca.
En el marco de esta línea, también se ordenó la realización de un circuito de actos restaurativos con relatos dignificantes en lugares emblemáticos, incluyendo Cali y Neiva, para visibilizar impactos diferenciados y promover la memoria histórica sobre el secuestro.
2) Proyecto Acción Integral contra Minas Antipersonal - Aicma: En su intento de ejercer control territorial —uno de los tres patrones de secuestro imputados por la JEP— las FARC instalaron minas antipersonal que todavía impiden el derecho a la movilidad y al desarrollo de comunidades. Para recuperar estos territorios, los comparecientes deberán trabajar en la recolección, actualización y sistematización de información sobre zonas de riesgo. También tendrán que participar en la elaboración de cartografía y la priorización de áreas de intervención, así como en la realización de talleres dirigidos a las comunidades.
3) Medio ambiente, naturaleza y territorio: La JEP concluyó que los secuestros afectaron el curso normal del desarrollo de los territorios. Estos hechos desembocaron en desplazamientos forzados y, al tiempo, se afectó el desarrollo económico y comunitario de estos lugares. Para contribuir a reparar este daño, los comparecientes deberán participar en actividades de preparación de terrenos, instalación de viveros y propagación de especies nativas y cultivos de pancoger en favor de las víctimas.
Trabajarán también en la implementación de estrategias de plantación, mantenimiento de ecosistemas y acciones agropecuarias, junto con procesos de formación pedagógica en conservación ambiental y turismo de naturaleza. También se contempla que participen en la identificación de puntos de afectación ambiental, la instalación de señalización y el desarrollo de rutas ecoturísticas.
4) Memoria y reparación simbólica: Para contribuir a honrar y mantener viva la memoria de las víctimas de secuestro del conflicto armado y de aquellas que no sobrevivieron a este crimen, los comparecientes tendrán que realizar acciones de reparación simbólica como la transcripción de testimonios de las víctimas, la construcción, instalación de artefactos de memoria, participar en productos audiovisuales, radiales y digitales —incluido un micrositio web— con contenido reparador.
Además, deberán organizar eventos de petición de perdón a las víctimas, participar en encuentros restaurativos con víctimas, responsables y comunidades, hacer relatorías y sistematizar estas acciones.
