La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al almirante retirado Guillermo Enrique Barrera Hurtado por su presunta participación en un montaje judicial contra el almirante de la Armada Nacional, Gabriel Ernesto Arango Bacci. La audiencia se llevó a cabo el 10 de septiembre de 2025 ante una fiscal delegada de la Corte Suprema de Justicia.
Según el ente acusador, Barrera habría incurrido en los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado y fraude procesal, en calidad de coautor. Los señalamientos están relacionados con un documento elaborado en noviembre de 2007 y presentado como prueba en el proceso penal contra Arango Bacci.
La fiscal expuso que dicho documento, presentado bajo el rótulo de “análisis operacional”, contenía información falsa que fue utilizada en las decisiones adoptadas por la Fiscalía Sexta delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Con base en esos elementos, el 19 de junio de 2008 se ordenó medida de aseguramiento contra Arango Bacci, quien fue investigado por presuntos nexos con el narcotráfico, concierto para delinquir y cohecho propio.
El uniformado permaneció privado de la libertad hasta diciembre de 2009, cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia lo absolvió de todos los cargos y ordenó su libertad inmediata.
Durante la diligencia, la fiscal delegada afirmó que Barrera tenía pleno conocimiento de la ilicitud de sus actos y la capacidad de comprender las consecuencias jurídicas de sus decisiones. Añadió que el almirante retirado actuó sin presión externa ni coacción que pudiera justificar su conducta.
“Este documento, el acabado de referir, fue utilizado como prueba dentro del proceso penal que se siguiera a su turno contra el almirante de la Armada Nacional, Gabriel Ernesto Arango Bacci. En este documento se consagró información que se tildó de falsa”, expresó la funcionaria.
Condena a la Nación por detención injusta
El caso tuvo repercusiones años después. En octubre de 2020, el Consejo de Estado condenó a la Nación por la privación injusta de la libertad de Arango Bacci y ordenó a la Fiscalía General de la Nación indemnizar a la víctima y a su familia con más de 539 millones de pesos.
La alta corte administrativa consideró que el proceso afectó gravemente la honra y el buen nombre del oficial. “Además de sufrir un daño que no estaba en el deber de soportar, cual fue el haber perdido su libertad sin que se demostrara su responsabilidad penal en los hechos que se le imputaron, el almirante (r) sufrió la afectación de su derecho a la honra y buen nombre”, señaló el fallo.
