La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este jueves a seis exmiembros del Ejército Nacional por casos relacionados a los ‘falsos positivos’ en el departamento de Casanare.
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De acuerdo a la entidad, la imputación contra los militares se da por “tortura y tratos inhumanos degradantes” a 26 víctimas antes de su asesinato.
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“Tras analizar 17 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado, en los que se documentaron actos de violencia física y psicológica contra 26 víctimas antes de su asesinato”, añadió la JEP.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP fue la encargada de imputar a los seis exmilitares por los “delitos de tortura y de tratos inhumanos y degradantes”.
Las nuevas imputaciones fueron formuladas contra Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexander Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez y Miguel Andrés Sierra García, quienes ya habían sido determinados como “máximos responsables”.
Asimismo contra Zamir Humberto Casallas Valderrama, señalado como partícipe no determinante y también llamado a reconocer responsabilidad. Todos pertenecieron a la XVI Brigada del Ejército Nacional.
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“La decisión se adoptó tras contrastar la información obtenida en las versiones voluntarias, las pruebas recolectadas en los procesos adelantados en la jurisdicción ordinaria y las observaciones presentadas por víctimas y el Ministerio Público, con el fin de dar respuesta a la solicitud de esclarecer el trato bridado a las víctimas antes de ser asesinadas”, enfatizó la Jurisdicción.
Por su parte, la magistratura concluyó que varios de estos actos constituyeron “tortura contra persona protegida”, una conducta tipificada tanto en el Código Penal colombiano como en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional.
De acuerdo al análisis de los hechos, las 26 personas “fueron engañadas, sometidas o trasladadas en condiciones que incrementaron su vulnerabilidad. Estas prácticas tenían como propósito facilitar su posterior asesinato y presentación como bajas en combate”, aseguró la JEP en su cuenta de X.
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“Esta nueva calificación jurídica profundiza lo establecido por la sala en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas proferido en el Subcaso Casanare del Caso 03, en 2022, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado en ese departamento”, indicó además la JEP.
En dicha decisión, la JEP determinó la existencia de un patrón criminal sistemático por parte de la XVI Brigada del Ejército Nacional, que habría involucrado a más de 296 víctimas directas entre 2005 y 2008 en Casanare.
