La Contraloría General de la República reportó este martes 8 de julio quince hallazgos fiscales por $78 mil millones por “incumplimiento de las órdenes constitucionales” en el sistema penitenciario y carcelario del país.
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Esto luego de realizar una auditoría de cumplimiento a la gestión fiscal desplegada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia -USPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC y al Ministerio de Justicia y el Derecho. En total, el ente de control estableció 119 hallazgos, de los cuales 15 son fiscales en cuantía de $78,4 mil millones, “resultantes del incumplimiento material adverso a las órdenes judiciales”.
Respecto a incumplimientos en infraestructura carcelaria, la Contraloría estableció que ninguno de los proyectos que debían estar terminados antes del 21 de abril de este año, tal como indica el Auto 1745 de 2024 la Corte Constitucional, ha sido finalizado o entregado a satisfacción, “lo que ha traído como consecuencia que estos proyectos se encuentren totalmente suspendidos y pongan en riesgo otras obras”.
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“Se tienen 4.783 cupos inhabilitados por retrasos en la construcción de nuevos establecimientos de reclusión del orden nacional -ERON en Pereira y Sábanas de San Ángel, y demoras en la entrada en operación de la infraestructura modular en Itagüí y un sector de ampliación en Buga. Las estructuras para alojamiento de guardias en Ipiales y Girón fueron suspendidas”, advirtió el ente.
En ese sentido, la Contraloría detalló que los hallazgos fiscales por este componente se refieren a mantenimientos de calderas en La Picota, en la PTAP en Puerto Triunfo, estación de bombeo en Guaduas, generación de cupos penitenciarios en Buga, bloque de alojamiento en Ipiales, impermeabilización de cubiertas en Ipiales, portal de ingreso y obras complementarias en La Paz, Itagüí y, por último, ranchos fuera de operación en El Barne y Guaduas.
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El hallazgo fiscal por incumplimientos en el componente de alimentación se registró en el rancho de El Barne, por $331 millones de pesos. Allí se evidenciaron “falencias relacionadas con el estado físico, de seguridad y diseño sanitario de los ranchos, centros externos de producción y vehículos trasportadores de alimentos”.
Mientras que en el componente de salud se establecieron tres hallazgos fiscales por $64 millones, por equipos biomédicos sin funcionamiento en La Modelo, La Picota y Buen Pastor, en Bogotá.
Asimismo, el ente de control alertó que la entrega de medicamentos presenta fallas recurrentes, tanto en términos de oportunidad como de cobertura, pues existen 4.124 órdenes de medicamentos pendientes.
Barranquilla, con hacinamiento del 500 % en los Centros de Detención Transitoria
La Contraloría General de la República advirtió en su informe que “persiste una violación estructural, generalizada y continua” a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en los Centros de Detención Transitoria.
“En el 100 % de los visitados a nivel nacional, se identificaron niveles críticos de hacinamiento, brotes pandémicos sin tratamiento adecuado para evitar problemas graves de salud pública al interior de los centros y en el entorno, ausencia absoluta de programas de resocialización y trabajo, y limitaciones en los mecanismos efectivos de acceso a la justicia”, sostuvo el ente.
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Agregó que en los Centros de Detención Transitoria fueron encontradas personas condenadas, a pesar de la orden judicial de que sean trasladadas a los centros penitenciarios.
Sobre las ciudades con mayor hacinamiento registrado en los Centros de Detención Transitoria, la Contraloría indicó que la lista es liderada por Quibdó, Barranquilla y Bucaramanga, “con un 500 % de sobrepoblación, en promedio”.
“Actualmente se encuentra 21 mil personas detenidas en todas las estaciones de policía del país. En lo que concierne a los CDT’s bajo responsabilidad de la Policía Nacional, se detectó que existen espacios temporales de reclusión habilitados de manera improvisada y transitoria, generalmente al interior de estaciones, subestaciones de policía y URIs”, añadió.
A esto se le suman “deficiencias estructurales y funcionales en materia de infraestructura, condiciones sanitarias, capacidad instalada, recurso humano capacitado para la atención penitenciaria, cuerpos de custodia limitados, asignación presupuestal y la logística necesaria para realizar los traslados oportunos y las diligencias judiciales”.
