De a poco van cayendo. Al menos cinco uniformados de la Policía, adscritos a la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro), son judicializados luego de que al parecer crearan una red en el interior de la institución que traficaba armas.
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La Dipro es la encargada de proteger a los más altos dignatarios del Estado y uno de los integrantes de la red de tráfico fue jefe de turno del esquema de seguridad de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, según reveló El Tiempo quien tuvo acceso al expediente de la investigación.
Las pesquisas para desmantelar la red comenzaron a mediados de 2023 cuando informantes, que hoy son protegidos por la Fiscalía, alertaron sobre la situación de la que habían sido testigos en primera persona.
Y ya empezaron a caer, uno de esos fue el subintendente Fabián Andrés Cuestas, quien fuera jefe de seguridad Marta Lucía, quien, según se lee en el expediente llamado ‘Operación Ares’, con ayuda de otros desviaba pistolas, revólveres, mini-uzis, rifles- y munición de la Policía y que incluso todo ese arsenal era movido en carros oficiales de la institución.
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Aunque por el momento solo van cinco captura la red sería mucho más amplia de acuerdo a lo dicho por el juez: “Hay personas por identificar dentro de esta organización, que toca esferas no solamente de suboficiales, sino de oficiales con altos rangos”.
Eso sí dejó claro que la actividad ilícita que presuntamente llevaban a cabo estos uniformados no tiene relación con los funcionarios a los que le brindaban protección.
Sobre esto habló la también exministra de Defensa en diálogo con El Tiempo confirmando la salida de Cuesta: “Salió del esquema por decisión de la Dirección General, que me fue comunicada el mismo día de su retiro”.
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“Nunca tuve conocimiento de esas actividades, que me parecen absolutamente inaceptables y condenables en caso de que se comprueben. El suboficial fue una persona en quien deposité plenamente mi confianza y seguridad personal”, agregó Ramírez al medio en mención.
Un retén fue el que ayudó al desmantelamiento de la banda que fue adelantado el 18 de enero pasado cuando Cuestas se dirigía a una práctica de polígono con un cirujano de nombre Andrés Serrano en el municipio de Guasca, en Cundinamarca.
Los uniformados inspeccionaron el vehículo en el que se desplazaban y encontraron cajas llenas de munición que Serrano dijo eran de él, mientras Cuestas intentaba demostrar que las dos armas que portaba contaban con la documentación requerida.
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Una grabación que está dentro del expediente da cuenta del afán de Cuestas por intentar evadir la incautación a la que iba a ser sometida el armamento que potaba moviendo contactos dentro de la Policía.
Incluso hubo un ofrecimiento de $6 millones de pesos en soborno para los policías del retén, sin embargo, estos se negaron. Al igual, las llamadas a generales para que mediaran en el operativo fueron infructuosas.
Así lo confirmó el general José Daniel Gualdrón, quien para cuando se realizaba el retén era el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. “El doctor (el cirujano Serrano) me llama y me dice: ‘Tengo esta situación’, iba a ser polígono‘. Llamé al comandante y me explicó que llevaban armas allí y le dije que hiciera el procedimiento que corresponda porque ahí no me meto”, relató al diario capitalino.
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Tanto a Cuestas como a los otros cuatros implicados en el escándalo le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas y utilización ilegal de uniformes e insignias, luego de que fueran capturados en una operación donde se encontraron más armamento.
Los cinco permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial en el que se espera se produzcan más capturas.
