La exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, fue citada por la Corte Suprema de Justicia para rendir su declaración en el marco de la investigación que se adelanta contra los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, por el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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De acuerdo con lo que se conoció, la cita quedó programada para el próximo lunes, 26 de mayo, a partir de las 9:00 a. m., en el despacho del magistrado Francisco Farfán.
Este requerimiento del tribunal supremo fue convocado tras el ofrecimiento voluntario de colaboración por parte de la ex consejera presidencial, cuyas gestiones previas con la Fiscalía no prosperaron.
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En paralelo a esta citación, los excongresistas investigados radicaron recursos ante la Corte Suprema con el propósito de revertir la medida de aseguramiento que los mantiene recluidos en el centro penitenciario La Picota.
Tanto Iván Name como Andrés Calle argumentaron que la privación de la libertad fue excesiva y que, en la práctica, se estaría sentando un precedente que permitiría la detención automática de cualquier legislador inmerso en una indagación preliminar.
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La defensa jurídica de ambos dirigentes sostuvo que los hechos en cuestión no justifican una reclusión preventiva y que, por el contrario, existen condiciones para que el proceso avance con los implicados en libertad. En el caso de Calle, se destacó que ya no ocupa el cargo de presidente de la Cámara de Representantes, por lo que se reducen los riesgos que justificarían una medida restrictiva.
Además, se alegó que Calle ha mantenido disposición de acatar los llamados judiciales y que no hay elementos que evidencien un peligro actual para la colectividad.
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Otro de los argumentos presentados por la defensa se centra en la ausencia de pruebas directas que vinculen a los excongresistas con recursos públicos.
Según esta postura, los dineros que presuntamente fueron entregados como sobornos por parte de Olmedo López y Sneyder Pinilla no provendrían de fondos oficiales de la UNGRD, sino de un préstamo privado otorgado por el exsenador Pedro Castro, lo que, a juicio de los abogados, debilita la hipótesis de un peculado por apropiación.
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La magistrada Cristina Lombana, quien presentó una postura disidente durante la decisión sobre las medidas de aseguramiento, también había señalado que no se acreditó un vínculo claro entre los procesados y la apropiación de recursos del Estado. Esta posición fue retomada por los defensores para respaldar su solicitud de revocatoria.
Mientras se espera el desarrollo de la diligencia con Sandra Ortiz, la Sala de Instrucción deberá evaluar si mantiene o modifica las medidas cautelares impuestas.
