Iván Cancino, abogado de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), reveló que su cliente no aceptará los delitos que imputará la Fiscalía, debido a su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que ha salpicado a varios congresistas y funcionarios del gobierno Petro.
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De acuerdo con el jurista, González no tiene responsabilidad penal que deba admitir sobre este caso en el que se habla de una estrategia de sobornar a miembros del Congreso para que votaran en favor de las reformas del gobierno que se debatían.
“Carlos Ramón no aceptará cargos porque no tiene nada que aceptar”, aseguró Cancino.
Asimismo, negó que el exfuncionario del DAPRE esté huyendo de la justicia; sin embargo, no desmintió si se encuentra fuera del país como se rumoró el pasado mes de marzo.
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“No nos interesa el lugar físico donde esté. Hemos estado en contacto permanente con él, preparando y atendiendo todas las audiencias en las que ha participado, directamente o a través de su defensa”, manifestó el abogado.
“Si la justicia en Colombia actúa sin presiones externas, al final se demostrará que es inocente. Esperamos que el proceso se lleve con total imparcialidad, como debe ser. Pero es muy pronto para hacer afirmaciones categóricas”, añadió.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación solicitó audiencia de imputación de cargos contra González para señalarlo por los delitos de cohecho, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos.
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En el pasado mes de marzo el Tribunal Superior de Bogotá autorizó su rastreo geográfico, financiero, migratorio, digital y tecnológico, incluyendo sus líneas telefónicas.
Mediante una carta dirigida a la empresa de telefonía Tigo, el subintendente Germán Guataqui Morales, perteneciente al Grupo Investigativo de Delitos contra la Administración Pública, solicitó información detallada de todos los movimientos hechos por el procesado con la línea móvil que adquirió con esa compañía en el año 2023.
En ese sentido, la división de la Policía solicitó datos biográficos, plan de telefonía celular, registro detallado de voz, mensajes de texto y voz, datos entrantes y salientes con identificación de las celdas con coordenadas en sus distintas caras, que sirvieron de conexión de llamadas, actividades de datos, IMSI, IMEl y MINES.
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La carta fue enviada a la empresa de telecomunicaciones el pasado 8 de marzo y contaban con solo cinco días para remitir dicha información que fue autorizada por un magistrado del despacho 022 de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Luego de que se obtengan estos datos de quien fuera el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), pasará a ser analizado de acuerdo a lo aportado.
Ya a mediados de marzo, la Fiscalía General de la Nación inició el rastreo de cuentas bancarias y celulares de González Merchán en el marco de la investigación por el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
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A González lo señaló en ente acusador como la persona que en 2024 ordenó el pago de sobornos a dos importantes congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno.
Según reveló el pasado 3 de mayo el exsubdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Pinilla, dinero de esa entidad se usó en 2023 para pagar millonarias coimas al entonces presidente del Senado, Iván Name, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
Ese dinero supuestamente se desvió del asignado para la compra de 40 camiones cisterna para abastecer de agua al departamento caribeño de La Guajira, un proyecto en el que se malversaron los recursos porque además los vehículos adquiridos no cumplían las condiciones técnicas, entre otras fallas.
