En un episodio lamentable para la historia política y judicial del país, el pasado miércoles fueron capturados por orden de la Corte Suprema de Justicia los ex presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.
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La teoría de la Fiscalía, de acuerdo a la información que han entregado los procesados ex directivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, entre otros, indica que el senador verde y el representante liberal habrían recibido el primero $3 mil millones en Bogotá y el segundo $1.000 millones en Montería para impulsar las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Los presidentes de las cámaras alta y baja son fundamentales en la dinámica de los proyectos de ley ya que fijan la agenda de discusión de las iniciativas.
Según el ente acusador, la ex consejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, habría recibido, transportado y entregado al ex presidente del Congreso de la República, $3 mil millones que tendrían origen ilícito. Los recursos corresponderían al pago de coimas por el direccionamiento de un contrato en la Ungrd que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira.
De acuerdo con las diferentes actividades investigativas orientadas por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la tarde del 12 de septiembre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la entonces consejera para las Regiones, al parecer, recibió de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con $1.500 millones en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al mencionado congresista.
“Al día siguiente, en horas de la noche, en el mismo inmueble, Pinilla Álvarez presuntamente le volvió a entregar la maleta a la exfuncionaria con otros $1.500 millones, que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el senador Name Vásquez.
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Frente a su presunta participación, el ente acusador señaló: “En Bogotá, en septiembre de 2023, Carlos Ramón González, director del Dapre e integrante del mismo partido de Sandra Ortiz, esto es, Alianza Verde, le ordenó a Olmedo López entregar contratos por $60 mil millones a favor del también copartidario suyo Iván Name (entonces presidente del Senado), por un valor superior a los $10 mil millones también para el presidente de la Cámara, Andrés Calle, asuntos que debería atender con Sandra Ortiz”.
En ese sentido el organismo de investigación penal advirtió que “debido a la premura con que los congresistas mencionados exigían los recursos, durante septiembre González y López variaron la oferta ofrecido a Name a una suma en efectivo de $3 mil millones, y a Calle de $1.000 millones, dinero que sería obtenido de la contratación de la Ungrd, que Olmedo López entregaría”.
Además, la Fiscalía detalló que “Olmedo tenía conocimiento de todos los procesos contractuales, dirigió con Sneyder la operación para conseguir dinero de la contratación de la entidad con destino a congresistas, lideró la operación para dirigir contratos de la entidad para que fueran adjudicados a determinados contratistas delegados con congresistas o funcionarios; delegó en Sneyder y Pedro Rodríguez la consecución de contratistas a cambio de las coimas; coordinó la entrega de $3 mil millones en efectivo al entonces presidente del Senado y la entrega de $1.000 millones directamente al presidente de la Cámara conforme a las instrucciones de Carlos Ramón González, director entonces del Dapre”.
De igual modo, expuso la entidad acusadora, “se coordinó la entrega de $3 mil millones a través de Ortiz en su apartamento en Suites Tequendama y mil millones en efectivo entregados por Pinilla en Montería, Córdoba, a Andrés Calle”.
La Corte Suprema de Justicia, entre tanto, acusó a Name y a Calle de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, ya que los congresistas “habrían intervenido” como “presidentes del Senado y la Cámara de Representantes” y “habrían recibido pagos en efectivo de manos del ex subdirector de Manejo de Desastres” de la Ungrd, Sneyder Pinilla, procesado en este caso.
”Los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional. Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales (de 2023)”, detalla el alto tribunal.
