Lo que comenzó como un borrador propuesto desde el Ministerio del Interior, el pago de una especie de recompensa a los ciudadanos que ofrecieran información precisa sobre compradores de voto, tuvo el visto bueno del presidente Gustavo Petro que ya dio su autorización.
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'He dado autorización para pagar las informaciones efectivas sobre compradores de votos en todo el territorio nacional', escribió el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter).
Y remató: 'Comprar votos es un delito'.
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Este mismo lunes más temprano al finalizar la Novena Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, había dado luces sobre de lo que se trataría esta nueva medida del Gobierno nacional.
'El gobierno está terminando de estudiar la viabilidad jurídica y estamos seriamente considerando la posibilidad de anunciar incentivos económicos para las personas que nos ayuden a identificar la compra de votos', aseveró el funcionario.
De acuerdo a lo expuesto por Velasco en el evento, con esto se pretende que los ciudadanos cuenten con un espacio a dónde acudir para realizar las denuncias electorales cuando solo faltan seis días para los comicios.
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'Queremos que los llamados ‘mochileros’ en algunas zonas del país tengan un lugar al que puedan acudir inmediatamente, relatar lo que está sucediendo y recibir una retribución económica. Si alguien nos señala las viviendas donde se originan estas estructuras de compra de votos, recibirán una recompensa económica aún mayor. Eso es algo que estamos finalizando de determinar', concluyó el funcionario.
A pesar del anuncio del presidente aún no es claro por cuál medio se harían las denuncias y el monto de la recompensa.
Cabe recordar que la compra de votos está tipificada como un delito electoral y el ciudadano que incurra en dicha acción ilegal puede enfrentar una condena en prisión de cuatro a nueve años y multa de 400 a 1.200) salarios mínimos, tal como se expone en el artículo 390 A de la Ley 1864 de 2017.
