Bajo la lupa se encuentran los pagos realizados a las IPS del Caribe, así como los alarmantes hallazgos del informe presentado por el Adres en octubre del presente año, durante su estrategia de transparencia y control.
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Este último dejó al descubierto que entre 2018 y 2023 se registraron más de 471 mil personas fallecidas, las cuales habrían recibido servicios médicos posteriores a su muerte. Dichos servicios suman $2,3 billones.
Así lo afirmó en Barranquilla este jueves Félix León Martínez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), durante la socialización de los principales avances en la gestión de los recursos del sistema de salud.
El encuentro hace parte de la agenda institucional de la Adres con la intención de acercar su gestión a los territorios y fortalecer la comunicación sobre el uso de los recursos públicos para con el departamento del Atlántico.
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León aseguró que la irregularidad fue detectada en las bases de datos del sistema al momento de cruzar la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) y la Base de Prestación de Servicios (Suficiencia), las cuales son determinantes para realizar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Hasta el 68 % de los casos correspondió a atenciones facturadas hasta 30 días después del fallecimiento. Entre ellas se encuentran con elevadas cifras: Sura EPS, con 50.404 personas fallecidas y $684.969 millones reportados; le siguen Compensar EPS, con $418.970 millones y Savia Salud EPS con $261.580 millones.
En lo que respecta al primer semestre del 2025, la ADRES ha mantenido un flujo constante de giros directos a las IPS del Atlántico y otros departamentos de la región.
Los pagos nacionales superaron los $32,7 billones, mientras que entre enero y septiembre la cifra acumulada ascendió a $68,5 billones, distribuidos en los regímenes contributivo y subsidiado. Estos recursos han permitido mantener la estabilidad financiera de los hospitales públicos y privados, garantizando la continuidad en la prestación de los servicios de salud en el Caribe.
“Más allá de determinar las causas reales de las irregularidades y las conclusiones que de ellas deriven, la entidad resalta su labor en evidenciarlas y dejando en manos de las autoridades u otras entidades responsables la investigación correspondiente”, resaltó la entidad en su informe.
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