El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, dio a conocer un nuevo decreto con el que reglamenta los nuevos lineamientos de política pública para la contratación a largo plazo en proyectos de generación, almacenamiento, transmisión y distribución de energía eléctrica.
La expedición del decreto 1091 de 2025, que adiciona al Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015, tiene como objetivo fortalecer y diversificar la forma en que el país produce, transporta y distribuye su energía, impulsando nuevas fuentes limpias como la solar, eólica, geotérmica e hidroeléctrica.
Además, según Minminas, promover mecanismos justos y competitivos de contratación que garanticen precios más estables y energía suficiente para todos los colombianos.
Desde el municipio de Repelón, Atlántico, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó que este decreto “es un paso fundamental hacia una política energética de largo aliento que prioriza la estabilidad, la sostenibilidad y la seguridad del servicio eléctrico”.
Durante la inauguración de la primera granja solar en Repelón, el jefe de la cartera de energía dijo que la intención del Gobierno es que Colombia cuente con un sistema energético moderno, resiliente y confiable. “Con la contratación a largo plazo, aseguramos que la energía no solo llegue a más regiones, sino que lo haga a precios justos y con una mayor participación de fuentes limpias”, agregó.
De acuerdo con Palma, la iniciativa también busca reducir los efectos del cambio climático y de la variabilidad del clima, al aprovechar de manera más eficiente los recursos naturales del país. Además, promueve la expansión de las redes eléctricas y el desarrollo de proyectos de almacenamiento energético que fortalezcan la seguridad energética nacional.
“Este Gobierno está comprometido con un modelo energético justo, sostenible y equitativo. Con este decreto damos una señal clara a los inversionistas, a las comunidades y a los usuarios: en Colombia habrá energía limpia, suficiente y accesible para todos”, comentó Palma.
De acuerdo con el decreto, el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y las demás entidades competentes tendrán un plazo máximo de dos meses para actualizar la normativa vigente y de esta manera facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos de generación de energía eléctrica.
