Ante los crecientes señalamientos de posibles irregularidades durante el periodo de Edwin Palma como agente interventor de la empresa Air-e, la Procuraduría General de la Nación dio inicio a una actuación preventiva para evaluar posibles afectaciones en la gestión administrativa, contractual y financiera de la compañía.
El ente de control solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de una misiva que conoció EL HERALDO, que se remita información relacionada con la intervención en marcha desde septiembre del año anterior, con el objetivo de “adelantar una valoración preventiva integral y técnica”.
El Ministerio Público fue enfático al sostener que dicha actuación preventiva tiene la finalidad de “anticiparse a la ocurrencia de hechos que puedan vulnerar los derechos de las personas o amenazar el adecuado ejercicio de la función pública, contribuyendo al mejoramiento de la gestión y la política pública”.
En ese sentido, recalcó que “no implica, en modo alguno, la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas”.
En ese sentido, se requirió que se relacionen todos los nombramientos en cargos directivos, gerenciales y de confianza que se han materializado en la empresa Air-e desde septiembre de 2024 hasta el momento. A eso deben adjuntarse los soportes de experiencia, idoneidad técnica y criterios utilizados en cada designación, así como la verificación de inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés, especialmente por parentesco con el interventor.
En este apartado se hace especial énfasis en que se confirme “sobre el conocimiento de vínculos entre Edwin Palma y Juan Pablo Nieto Egea –quien se habría desempeñado como gerente contable en noviembre de 2024– previo al nombramiento”.
La Procuraduría también pidió un informe detallado de los contratos que fueron suscritos entre octubre de 2024 y agosto de 2025, “incluyendo objeto, contratista, valores, modalidades de selección, recursos empleados y estado de ejecución”.
Solicitó, además, la justificación técnica y jurídica para contratos con empresas de reciente constitución o sin experiencia reconocida en el sector energético, así como los mecanismos de supervisión e interventoría implementados.
Otro de los requisitos hechos por el Ministerio Público corresponde al listado de anticipos girados, que debe incluir beneficiarios, montos y criterios utilizados para su aprobación.
Con relación al manejo del Fondo Empresarial, la Procuraduría pidió que se detallen los montos globales que fueron girados desde septiembre de 2024, incluyendo un desglose del destino específico de los mencionados giros. Otro punto relevante corresponde a los criterios para priorización de pagos y existencia de beneficiarios recurrentes o favorecidos de manera sistemática.
Para tal fin, la Procuraduría entregó un plazo de cinco días hábiles a la Superservicios. En ese sentido, recalcó que “en caso de que la información solicitada por este organismo de control tenga reserva legal, por favor, comunicar esta situación antes de efectuar la entrega para tomar las decisiones que correspondan para la entrega de la información”.
Los antecedentes
A través de diversos medios se conoció que durante la administración de Palma se habrían materializado varias irregularidades. Una de ellas tendría relación con el nombramiento de su primo, Juan Pablo Nieto Egea, como gerente contable.
A eso se suman presuntas inconsistencias en los reportes financieros de la empresa. Si bien algunos documentos sostenían que el monto pendiente de pago por los subsidios alcanzaban los $335 mil millones, otro informe remitido a la Fiscalía daba cuenta de un saldo pendiente por $18 millones.
De acuerdo con expertos, esta discrepancia pudo haber servido de argumento para solicitar recursos adicionales y justificar el uso de fondos públicos en circunstancias cuestionables.
Además, se habría llevado a cabo la firma de un acuerdo millonario con una firma recién creada, que no tendría experiencia verificable, que recibió anticipos por 414.000 millones a pesar de no cumplir con los requisitos.
Frente a los cuestionamientos, el ahora ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, se pronunció a través de sus redes sociales, asegurando: “Durante mi corta gestión, porque fueron apenas 4 meses, mi actuación fue intachable”.
Resaltó que, en ese periodo, se mejoró la prestación del servicio en los tres departamentos. “Los indicadores de gestión, resolvimos solicitudes de autogeneración, redujimos costos y cargos innecesarios, dignificamos el trabajo y el clima laboral, fortalecimos la relación con los usuarios saliendo a la calle a comprenderles y solucionarles”.
Mencionó que ha elevado una petición a la Fiscalía para ponerse a su disposición en medio de la investigación que viene adelantando: “Si es cierto que la Fiscalía está investigando, ojalá que lo haga pronto. Yo mismo hace algunos días he elevado una petición al ente para ponerme a su disposición. Y hacer lo correspondiente. No tengo por qué no”.
