Luego del hundimiento de la consulta popular en el Senado de la República, los mandatarios del Caribe colombiano han hecho un llamado a la mesura y al diálogo para concertar salidas que permitan dar respuesta las problemáticas que por años han aquejado a los ciudadanos.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, quien instó al respeto de la independencia de poderes y enfatizó que las necesidades de los colombianos deben trascender frente a las diferencias políticas.
“De las confrontaciones no queda nada bueno, siempre hay que dialogar y, a partir de tener distintas posiciones, pensar en las soluciones estructurales que requieren los colombianos. Yo soy un hombre que respeta la independencia de poderes”, aseguró el también presidente de la Federación Nacional de Departamentos (Fededepartamentos).
Por su parte, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, expuso que “lo que pedimos desde las regiones es cordura, mesura y articulación entre los diferentes sectores; que haya trabajo en equipo entre las diferentes entidades e instituciones, porque no podemos seguir polarizando al país”.
Fue enfático al sostener que “nosotros necesitamos que el país se una alrededor de los buenos propósitos; el propósito debe ser uno solo: sacar esto adelante, no importa si uno es de derecha, si uno es de izquierda, si uno es de centro. A la gente le importa que le resuelvan los problemas y nosotros estamos aquí para resolver los problemas de la gente”.
Por su parte, la gobernadora de Sucre, Lucy García, reforzó el mensaje y agregó que es positivo que la reforma laboral haya revivido en el Congreso.
“En este momento lo más importante es el equilibrio del país, la sensatez de las comunidades, de nuestras instituciones y hay un tiempo especial para todo. Celebro que tenga vida y esperanza la reforma laboral”, dijo.
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Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, fue enfático al sostener que el país requiere que prime el diálogo para el trámite de las reformas, partiendo de la necesidad de implementar cambios a los modelos que se encuentran vigentes en diversos sectores.
“El país no aguanta una convulsión social, el país requiere abrir espacios de conversación; yo estoy de acuerdo con que haya cabildos, yo estoy de acuerdo con que haya asambleas populares y marchas, que se puedan expresar, pero todo bajo el buen comportamiento, conservar la paz y la armonía”, mencionó.
Desde otras regiones
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, puso de presente que “con o sin consulta harían el llamado a salir a las calles para incendiar al país, como ya lo hicieron en su momento”.
Y agregó que “su intención es saltarse la institucionalidad y continuar instrumentalizando los mecanismos de participación democrática para fines políticos y electorales”.
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También mencionó que desde la capital de Antioquia se viene trabajando de mano con diversos sectores para la generación de empleo, “apostándole a una economía competitiva y productiva que dialogue con los cambios de la economía mundial”.
Evidenció que en la ciudad se han registrado resultados como la tasa de desocupación más baja del país: “No paramos de trabajar. A Colombia la salvamos desde las regiones”.
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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se sumó a las voces que exigen respeto por la institucionalidad y la división de poderes.
“El Congreso habló ayer (miércoles) y habló en favor de los colombianos; no se nos olvide que el Congreso es una institución muy legítima de nuestra democracia”, subrayó.
En Bogotá piden que manifestaciones sean de manera pacífica
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que espera que el llamado hecho por el Gobierno para convocar a cabildos populares se cumpla de manera pacífica en la capital del país.
“La protesta y la manifestación son derechos que tienen los habitantes de Colombia y debemos garantizar que puedan ejercerse, que se manifiesten y expresen su descontento cuando lo consideren. La clave es que lo hagan de manera pacífica, respetando a los demás, a quienes no se quieran manifestar, y sin apelar a ningún tipo de violencia”, indicó.
Sin embargo, advirtió que si alguien “apela a la violencia”, es obligación de la fuerza pública actuar para preservar los derechos de quienes puedan ser afectados.
“No se trata de entrar a atacar ni a disparar, sino de controlar y disolver situaciones que generen violencia. Eso es lo que corresponde y para eso estamos preparados en Bogotá”, puntualizó.
