El debate no es propiedad de los candidatos; es un derecho de los ciudadanos. Es allí donde se contrastan ideas, se evalúan trayectorias y se mide la capacidad de liderazgo. Limitarlo o manipularlo equivale a amputar una parte esencial del proceso democrático.
Atacar la corrupción no debe ser bandera episódica de campaña, sino política de Estado sostenida. El ciudadano sufre la corrupción y cuando percibe que no hay consecuencias, concluye que la ley es selectiva o irrelevante.
Ahora, con el mismo argumento de conseguir la paz, se está negociando con toda clase de bandidos como quedó demostrado con el “tarimazo” y la parranda de Itagüí. Esta historia de pasar de la mano dura a las amnistías la hemos repetido muchas veces. ¿No será ya el momento de replantear la estrategia para conseguir la paz?
La pregunta no es si Barranquilla quiere progresar, sino si el entorno nacional le permitirá sostener lo ganado. El salario justo no se decreta: se construye con productividad, inversión y crecimiento real. Mientras eso no ocurra, Barranquilla seguirá siendo una ciudad que avanza a pesar del contexto, no gracias a él.
Cuando los recursos se administran con disciplina y transparencia, alcanzan para más. Y en el Atlántico se traducen en resultados concretos: 400 obras civiles en ejecución, que se sumarán a las 850 de mis dos gobiernos anteriores, son la muestra de que también el “cemento” tiene un componente social y abre oportunidades.