Con más de 2 mil internos, mientras que la capacidad real es de 847, la cárcel nacional las Mercedes de esta ciudad llegó al 235 % de hacinamiento, según lo comprobó con un recorrido por el penal en la mañana de ayer el Defensor Nacional del Pueblo. Jorge Otálora Gómez.
El representante del ministerio público arribó al establecimiento penitenciario a las 10:00 a. m. y salió a la 1:00 p. m, después de escuchar a todos los defensores de derechos humanos de cada uno de los pabellones.
"Aquí ocurre como con todas las cárceles del país, hay graves problemas de salud, incluso algunos temas de convivencia, es la problemática que permanentemente escuchamos. Por eso nuestra visita hoy, así algunos crean que no sirve para nada, la función del defensor del pueblo es precisamente visibilizar esta problemática, que el país conozca las condiciones en que se encuentran las personas que están privadas de la libertad, que el Estado entienda el deber constitucional que tiene de mejorar las condiciones a estas personas", dijo el Defensor Otálora.
Insistió en que los más de dos mil reclusos que están en la cárcel de Montería tienen derecho a una convivencia digna y a unos servicios públicos y de salud dignos.
Las quejas más frecuentes
Las quejas más frecuentes de los reclusos hacia Otálora fueron de índole jurídico, relacionadas con la actitud de jueces de ejecución de penas, quienes, al parecer de manera arbitraria, insisten en negarles la libertad condicional cuando ya han cumplido las tres quintas partes de las condenas, aún con certificaciones de buen comportamiento.
Otra de las quejas es que debido el deplorable estado de la infraestructura los reclusos se mojan con cada aguacero, especialmente en el pabellón de mujeres.
Dijo además que hay serios problemas de salud y los internos no tienen acceso a una buena visita médica.
"Hay personas con enfermedades terminales en condiciones que no merecen, por eso continuamos demandando del Gobierno nacional la emergencia social, porque no hay otra salida jurídica a esta problemática", precisó Otálora.
Sostuvo finalmente que la interinidad en la dirección del penal pudiera estar acrecentando el problema.
Por Eduardo García
