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Las reformas al Código Electoral requieren un debate profundo, consideran varios. Archivo
Política

La Ley del Montes | El esperpento electoral

Reformar el Código Electoral en tiempos de elecciones no es necesario, ni conveniente, ni sano, ni oportuno. ¿Cuál es el afán del registrador y del Gobierno?

Hizo bien el gobierno de Gustavo Petro en retirar el mensaje de urgencia que tenía la discusión del proyecto de ley estatutaria que busca reformar el Código Electoral. Insistir en darle “trámite exprés” a la iniciativa para aprobarla a las volandas y sin mayor discusión –como ocurrió con la reforma tributaria– solo agregaría más cuestionamientos y reproches a una alianza política que llegó a gobernar con el discurso de cambiar las costumbres políticas del país

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En efecto, el Pacto Histórico se comprometió a no hacer lo que por décadas han hecho todos los gobiernos en Colombia, aliados con la clase política tradicional, que los ha respaldado con sus mayorías desde el Congreso de la República. Pero hasta ahora la “aplanadora oficialista”, con Roy Barreras a la cabeza, no ha hecho nada distinto a lo que tanto han criticado desde sus épocas de opositores: emprenderla contra las minorías para imponer las mayorías de forma avasallante. Aprobar, pues, un Código Electoral de 377 artículos a punta de pupitrazos, no hubiera sido el mejor mensaje de parte de quienes dicen ejercer la “nueva política”.

Por su trascendencia y su importancia para la democracia, las reformas al Código Electoral merecen un debate profundo. Es bueno que así ocurra. La premura del gobierno por aprobarlo –en un año electoral– podría llevar a los congresistas a incurrir en vicios de trámite que comprometerían su suerte a la hora de la revisión por parte de la Corte Constitucional. De la carrera solo queda el cansancio, dice el adagio popular. Ello quedó demostrado –precisamente– con la anterior reforma al Código Electoral –también aprobado con premura y a pupitrazos– que se cayó en la Corte Constitucional por vicios de trámite.

Pero, además, el gobierno debe entender que tramitar una reforma al Código Electoral –así sea por vía ordinaria y no con mensaje de urgencia– en un año electoral es una muy mala idea con pésima presentación. Todo artículo que se apruebe será revisado con lupa para ver de qué forma la alianza de gobierno con mayorías en el Congreso pretende sacar beneficios de su actual condición de privilegio. De hecho, esta decisión en un gobierno distinto al actual habría sido objeto de todo tipo de cuestionamientos y reparos por parte de quienes hoy ostentan el poder y antes eran oposición. El propio Petro –entonces senador– habría realizado un debate de control político al ministro del Interior pidiendo su cabeza.

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¿Tiene sentido tramitar y aprobar en un año electoral un Código Electoral cuya vigencia está proyectada para los próximos 50 años?

No tiene ningún sentido. No es sano, ni es necesario, ni es oportuno, ni es conveniente. ¿Quienes sacarían provecho del cambio de las reglas de juego en momentos en que el país lleve a cabo las elecciones locales para escoger alcaldes y gobernadores? Obviamente, quienes manejan hoy las riendas, tanto del Ejecutivo como del Legislativo.

Es decir, el Gobierno nacional no solo contaría con una chequera jugosa para direccionar multimillonarios recursos a “administraciones amigas”, sino que también contaría con recursos legales para blindar su comportamiento.

El asunto es tan afrentoso y delicado que hasta congresistas integrantes del Pacto Histórico hicieron saber al Gobierno Nacional –mediante carta enviada al propio Petro– que es necesario “repensar el proyecto”. Pero, además, dijeron que el proyecto “no responde completamente a lo señalado en el programa de gobierno para resolver las necesidades de cambio en la gestión de las elecciones”.

La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Catherine Juvinao, quien acompaña al gobierno y es integrante del Pacto Histórico, fue mucho más allá en sus duros señalamientos, pues se preguntó si el gobierno le está pagando algún favor al registrador nacional, Alexander Vega, uno de los más interesados en la aprobación del Código Electoral. “Yo me pregunto, dijo Juvinao durante la intervención en el debate de la reforma política en la Comisión Primera de la Cámara: ¿el Gobierno nacional le está poniendo mensaje de urgencia a Álex Vega para pagarle el favor?”.

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Otros congresistas, como Ariel Avila y ‘Jota P’ Hernández, tampoco ahorraron reparos en sus cuestionamientos. “La propuesta del Código Electoral es una vergüenza, impulsada por el cuestionado registrador Alexander Vega. Hay denuncias de entrega de puestos y mermeladas a congresistas”.

El presidente de Cambio Radical, Germán Córdoba, también disparó munición gruesa en contra de la iniciativa: “No podemos seguir con esa práctica deleznable de tramitar proyectos de ley, ofreciendo cargos y clientelizando las entidades”, sostuvo Córdoba.

¿Cuáles son los verdaderos alcances de la llamada “actualización” del Código Electoral?

Gustavo Petro, de duro crítico a gran promotor del Código Electoral

La reforma al Código Electoral es una de las urgencias del presidente Petro. De hecho, fue la segunda iniciativa que radicó el gobierno ante el Congreso el 8 de agosto, un día después de su posesión. La primera fue la reforma tributaria, ya aprobada. Inclusive, en esa oportunidad el ministro del Interior, Alfonso Prada, recalcó que el proyecto tendría mensaje de urgencia, pues el interés del gobierno es contar con esa iniciativa en las elecciones del próximo año.

El registrador Alexander Vega sostuvo en esa oportunidad: “Es imperativo que el próximo año se puedan aplicar varias normas y combatir la corrupción en las mesas electorales, así como aplicar sistemas tecnológicos a las mesas”.

Al retirar el mensaje de urgencia, el trámite de la iniciativa será ordinario. El registrador Vega ha estado en el ojo del huracán desde las pasadas elecciones parlamentarias y presidenciales, pues sectores de la oposición consideran que los comicios carecieron de la transparencia que requieren. La adjudicación de los contratos para contabilizar y auditar las votaciones también han sido objeto de cuestionamientos, tanto por el monto de los mismos, como de los beneficiarios. La oposición considera que las respuestas de Vega no han sido satisfactorias.

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El propio Petro –hoy presidente– en su calidad de senador y luego de candidato, cuestionó duramente el comportamiento de Vega y la supuesta falta de garantías por parte de la Registraduría Nacional. Hoy Petro cambió de parecer. Uno de los grandes aliados de Vega hoy –el senador Gustavo Bolívar– fue antes unos de sus críticos más implacables. Una vez más quedó demostrado que la política es dinámica.

Las listas cerradas no fortalecen la democracia, la debilitan

Contrario a lo que afirman los congresistas del Pacto Histórico, como también el propio presidente Petro, las listas cerradas no son una buena herramienta para fortalecer la democracia. Todo lo contrario: la debilitan. ¿La razón? Termina dándole suprapoderes a los jefes máximos de los partidos y movimientos políticos –o sus aliados políticos– para que incluyan en los primeros lugares a los aspirantes de sus afectos.

No se trata de una escogencia meritocrática, sino arbitraria y excluyente. Ejemplos hay miles. Es revivir la tristemente célebre figura del “bolígrafo”, manejado por el “cacique electoral”, llámese Gustavo Petro o Álvaro Uribe, quien también es defensor de las listas cerradas. Se impone el amiguismo por encima de los méritos de quienes desean integrar las listas. Punto.

El hecho de que la lista cerrada, sea paritaria –50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres– tampoco garantiza las cualidades éticas y morales de los aspirantes. No es un asunto de cantidad, sino de calidad. La lista cerrada paritaria garantiza equidad en cuanto a la cantidad de aspirantes, pero excluye a los votantes de elegir libremente a sus candidatos favoritos, pues los obliga a votar por quien encabece la lista.

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En este caso la elección de los candidatos no pasa de ser un ejercicio meramente matemático. El efecto que podría tener la imposición de esta herramienta, como pretende el gobierno y sus amigos, es llevar a los votantes a escoger una lista abierta donde sí puede votar por el aspirante de su preferencia.

Las curules no son para pagar favores, sino para servirle al país

Después de ver el comportamiento y las calidades de algunos congresistas elegidos mediante la figura de las listas cerradas, es claro que no se trata de un buen invento. En el caso del Pacto Histórico los casos más relevantes y notorios son los del senador Álex Flórez y la senadora Isabel Zuleta, quienes llegaron al Congreso por hacer parte del grupo privilegiado de los primeros 20 aspirantes de la lista. En una lista abierta jamás hubieran sido elegidos.

Igual sucede con las listas a la Cámara de Representantes, donde también se colaron aspirantes –hoy congresistas– de todas las pelambres y con muy poca preparación. Su incompetencia en el Congreso es cada día más evidente. Premiar a los amigos, parejas o ex parejas con curules no es precisamente una buena práctica democrática. Quienes llegan al Congreso bajo esta modalidad están allí para pagar favores, no para prestar un servicio al país. De manera que las bondades que dicen que tienen las listas cerradas no son tales.

El senador Roy Barreras, por ejemplo, uno de los grandes promotores y defensores de esta herramienta electoral, es también uno de sus beneficiarios en la lista del Pacto Histórico. Ahí están sus recomendados en el Congreso. ¿Cuántos aspirantes con más méritos y mejores cualidades quedaron por fuera para incluir a los “ahijados políticos” del presidente del Senado?

La “cereza del pastel”: la ampliación de la nómina de la Registraduría

La reforma al Código Electoral viene acompañada de una “cereza” muy rica y jugosa, que tiene felices tanto al registrador Vega, como a sus congresistas aliados, integrantes del Pacto Histórico: la ampliación de la nómina de la Registraduría en tiempos electorales. Vega y sus socios políticos se frotan las manos al tener la posibilidad de nombrar más empleados y más recomendados de políticos.

Eso es oro en polvo en tiempos electorales y si los van a nombrar en la Registraduría mucho mejor. Bajo la figura de la “profesionalización de los registradores”, la nómina de la Registraduría crecería de forma extraordinaria. La Registraduría Nacional no solo tendría una mayor burocracia, sino que estaría al frente de la implementación de nuevas herramientas, como el “voto anticipado” y el “voto electrónico”, que entrarían a regir en las futuras elecciones. Ello significa –claro está– la posibilidad de que Vega disponga de multimillonarios recursos para poner en marcha dichas herramientas.

Después de los señalamientos que pesan sobre el Registrador Nacional, inclusive por parte de la bancada de gobierno, qué sentido tiene darle carta blanca para que contrate y ponga en marcha proyectos de tanta trascendencia. ¿Qué organismo de control ejercerá vigilancia sobre la adjudicación y ejecución de dichos contratos?

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