
El Alto Consejero para la Reintegración, Alejandro Eder, habló del riesgo que corren los desmovilizados de las AUC que no se han acogido a la Ley 1424 y las críticas al proceso. Hizo un llamado a los empresarios para que abran los espacios laborales que necesitan estas personas.
¿Por qué es tan importante y perentorio que los desmovilizados se acojan a la Ley 1424?
La ley 1424 resuelve la situación jurídica de los desmovilizados de las AUC. Ellos están en un limbo jurídico, pero esta ley que ya fue declarada exequible por la Corte, les permite mantener la libertad y continuar su reintegración o su vida en la legalidad. Lo importante es que las personas se acojan antes del 28 de diciembre, que es la fecha límite. En la Costa Caribe aún hay 2 mil desmovilizados de las AUC que no se han acogido a la ley. Son personas que ya están por fuera del proceso, trabajando y reintegrados. Hago un llamado especial a estas personas para que no dejen pasar el tiempo y para que no pierdan esta última oportunidad de resolver su situación jurídica.
¿En Atlántico cuántos desmovilizados hay?
Hay 900 desmovilizados que están activos en el proceso de reintegración y hay 400 que ya salieron. Estamos llamando a esos 400 a que vuelvan para que se acojan a la ley, si no lo hacen antes del 28 de diciembre perderán esta oportunidad única y el 29 de diciembre serán prófugos de la justicia. Este llamado es únicamente para los desmovilizados de las AUC entre 2003 y 2006, que son personas que estaban en un limbo jurídico, pero para poder resolverlo deben acogerse a la ley y eso lo hacen contactando la Consejería al numeral 516 o al 018000911516. Tienen hasta el 28 de diciembre para hacerlo.
¿Qué pasa con los que están en la legalidad, es decir, reintegrados?
Las personas que hoy están reintegradas en una empresa en la formalidad, también tienen que atender el llamado. Hay muchos desmovilizados que ya están reintegrados que no entienden por qué deben volver, ellos sienten que no necesitan el proceso. Esto no es un llamado para volver al proceso de reintegración, es específicamente para acceder a la Ley 1424.
Hay un malestar generalizado en la sociedad porque algunos demovilizados han vuelto a delinquir, algunos de ellos desde las cárceles extorsionando a la gente de bien ¿Qué lectura le da a esta situación?
Son desmovilizados acogidos a Ley de Justicia y Paz. Desafortunadamente hay desmovilizados malos que vuelven a delinquir, que no aprovechan el proceso, pero la gran mayoría están cumpliendo con su compromiso de paz. Hago un llamado para no caer en generalismos y entendamos como sociedad, que este es el precio de la paz.
¿El sector privado sí ha dado respuesta al llamado de la Consejería para que abra los espacios laborales que necesitan los desmovilizados?
Hay más de 600 empresas que hoy están vinculadas al proceso, pero para un país del tamaño de Colombia y una población tan amplia se queda corto. Al momento hay dos mil empleos que se han generado empresas en colaboración con la Alta Consejería, pero de 55 mil personas eso es muy poco. Hay 7 mil personas que han pasado por el proceso de capacitación nuestro y han encontrado empleo por sus propios medios sin que la Consejería tenga que intermediar. Eso es muy bueno porque muestra que el proceso está funcionando para rehabilitar y capacitar a las personas, pero es malo porque cuando en las empresas se enteran que habían contratado a un desmovilizado, terminan echándolo. Es por eso que quiero hacer un llamado a la opinión pública. Si lo que queremos es una Colombia en paz este es el costo para lograr la reconciliación del país.
¿Qué balance arroja el 2011 en el proceso de reintegración?
El programa ha sido exitoso. Desafortunadamente hay una percepción equivocada y negativa de la opinión pública acerca de los desmovilizados. Sí es un proceso difícil y hay desmovilizados que vuelven a delinquir, pero la gran mayoría permanecen en la legalidad. Como sociedad es importante que nos demos cuenta que estas personas quieren cambiar sus vidas que pasan por un proceso serio de rehabilitación.
Llamado a gobernantes
El Alto Consejero para la Reintegración, Alejandro Éder, insistió en que el éxito de la política de reintegración no solo depende del Gobierno Nacional, sino también de los gobiernos regionales y locales que asumirán el próximo 1 de enero. 'Es responsabilidad de los nuevos alcaldes y gobernadores incorporar a sus planes de desarrollo las políticas en materia de reintegración. En más de 800 municipios del país hay personas desmovilizadas', dijo el funcionario. Agregó que el Plan Nacional de Desarrollo es una herramienta que pueden utilizar los mandatarios electos para viabilizar proyectos.
Por Alexánder Morales S.









