Cincuenta y cuatro defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia entre julio de 2010 y mayo de 2011, aseguró el viernes una comisión internacional de activistas que esta semana visitó el país.
Los 40 miembros de la comisión, de 15 distintos países, presentaron en conferencia de prensa un informe con datos recogidos en una semana de visitas a ocho distintas ciudades y con el propósito de conocer las dificultades del trabajo de los colombianos dedicados a promover los derechos humanos.
La comisión dijo en su informe de 23 páginas que cinco son los aspectos más preocupantes: impunidad, señalamientos o estigmatizaciones, fallas en los esquemas de seguridad, judicializaciones infundadas y mal uso de la inteligencia estatal en detrimento de los activistas.
El suizo Eric Sottas, integrante de la comisión, dijo que entre julio de 2010 y mayo de 2011 se registraron en Colombia 255 agresiones contra activistas y que de esa cifra 54 corresponden a asesinatos.
En el informe, el 59% de las agresiones a los activistas provino de paramilitares, el 29% de desconocidos, 10% de la Fuerza Pública y el 2% de grupos guerrilleros.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos no comentó de inmediato el informe, pero ya en el pasado ha destacado su compromiso con la defensa de los activistas y su lucha contra todos los actores ilegales.
Según el Observatorio Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional humanitario (DIH) de la Vicepresidencia colombiana, de enero a septiembre fueron asesinados 53 líderes comunitarios, de organizaciones sociales y sindicalistas.
Para Sottas, la comisión ve con preocupación cómo los ataques contra defensores están marcados por la impunidad porque no hay castigo para los responsables. 'Hay un temor generalizado (de los activistas) a denunciar por temor a las represalias', dijo.
Consideró inconveniente el que en algunas oportunidades las autoridades nieguen la existencia de grupos ilegales porque, en su concepto, ese factor conlleva a que no se orienten bien las investigaciones para determinar los autores de esos ataques.
También se mostró preocupado con la reticencia de la Fiscalía para recibir denuncias de ataques a activistas con el argumento de que 'tiene muchos casos' similares y carece de recursos para adelantar esas indagaciones.
Sobre la protección de los activistas, la comisión concluyó que si bien el programa del gobierno colombiano 'ha salvado vidas', éste tiene falencias y esa protección a veces 'no es adecuada'.
En oportunidades, observó, las medidas para proteger la integridad de los defensores 'llegan después de las agresiones'. También la comisión evidenció su preocupación por la estigmatización a que son sometidos los activistas por parte de grupos ilegales y, en oportunidades, por parte de organismos del Estado al dejar entrever relaciones de activistas con grupos como las guerrillas.
En ese sentido le pidió al presidente que les ordene, sobre todo a las autoridades militares y de policía, que se abstengan de hacer señalamientos a defensores sin fundamento. Sobre este particular, la comisión denunció que en algunas regiones de Colombia es sistemática la publicación de pasquines en los que, con fotografías incluidas, se relaciona a activistas con bandas ilegales.
La comisión dijo no estar de acuerdo con que haya unidades de la Fiscalía en el interior de guarniciones militares. Exigió que se haga un análisis exhaustivo cuando los procesos contra activistas están fundados, por ejemplo, en testimonios de guerrilleros o paramilitares desmovilizados.
Sobre el uso de los organismos de inteligencia del Estado para perseguir a los activistas, la comisión consideró que este tipo de información no debe tenerse en cuenta al momento de iniciar un proceso penal.
Igualmente pidió al gobierno central que desclasifique y divulgue todos los archivos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta clausurada este año luego de un escándalo de espionaje a magistrados, periodistas y defensores de derechos humanos.
'Que esa información (del DAS) no desaparezca', dijeron al unísono los cuatro miembros de la comisión que llevaron la vocería durante la rueda de prensa.
