El Heraldo
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, durante la rueda de prensa que convocó para explicar las medidas adoptadas a raíz del escándalo de los contratos en el Ejército. Johnny Hoyos
Colombia

Fiscalía relaciona la corrupción militar con los falsos positivos

Fiscalía, Procuraduría y Contraloría investigan las presuntas irregularidades en la contratación del Ejército. Ministro de Defensa admite “deficiencias administrativas” en diez contratos.

La renuncia de un general, el llamado a retiro de un coronel e investigaciones en los entes de control penales, disciplinarios y fiscales fueron los primeros efectos producidos ayer tras el escándalo de la contratación amañada en el Ejército Nacional.

Sobre el tema, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo explicó que “lo que se ha conocido en los medios surgió de un proceso que se llevaba en Medellín por parte de un fiscal que investigaba falsos positivos”.

Añadió que de ahí se dieron seis meses de interceptaciones telefónicas que en su momento fueron enviadas  a la Comisión de Acusaciones para que se investigara lo correspondiente a lo de los generales aforados.

“La Fiscalía no descarta que estos hechos se encuentren íntimamente relacionados con lo que se ha dado en llamar como falsos positivos”, dijo.

Por su parte, el ministro de Defensa, Juan C. Pinzón, admitió “deficiencias administrativas” en diez contratos de la Aviación del Ejército y ordenó llamar a retiro al coronel Róbinson González del Río, señalado como eje de la red de corrupción.

Agregó que en el último trimestre, el inspector del Ejército, general Ernesto Maldonado, revisó aleatoriamente 201 contratos en cinco jefaturas, entre ellas la de Aviación del Ejército, en la que fueron examinados 105, y en 10 de ellos se encontraron irregularidades.

Por lo tanto, advirtió que, de ahora en adelante, se centralizará todo el proceso de contratación de la Aviación del Ejército en el Ministerio de Defensa, se crearán comités de seguimiento de las ejecuciones contractuales y se harán “auditorías externas para verificar la calidad de los procesos”.

El destituido González, trasladado además de centro de reclusión, está detenido desde 2012 por una denuncia de ejecución extrajudicial de dos campesinos ocurrida en 2007 en el centro del país.

El ministro dispuso, así mismo, llamar a retiro “a la cadena de mando relacionada con el manejo y control en los centros de reclusión en la época en que esta grabaciones fueron hechas” que, según dijo, son de antes de junio de 2013.

Finalmente, anunció la creación de una comisión del más alto nivel al interior del Ministerio de Defensa para desarrollar las pesquisas.

Por su parte, el coronel González señaló a través de un comunicado que no hubo contratos ni influencia en los procesos de contratación y se mostró dispuesto a colaborar con las autoridades: “nunca se han cuadrado contratos y menos el pago de silencios, eso es totalmente falso”.

Aseguró que estará “presto a colaborar con la Contraloría y Procuraduría” para que revisen sus estados financieros.

Sobre las grabaciones dijo que “solo le hago una recomendación a un amigo para que se presente y él me dice que me puede ayudar económicamente. Pero reitero, nunca se concretó nada. (…) Si lo hice fue por mi afán de buscar recursos para el pago de mi defensa y la de mis hombres, ya que eso lo tenemos que asumir nosotros de nuestros recursos”.

De otro lado, más temprano se conoció de la renuncia del general Javier Rey Navas, quien sería uno de los implicados en los casos de corrupción.

Al respecto, el Ministerio de Defensa señaló en su cuenta de Twitter que lamentaba “de manera personal la salida de un gran soldado”.

El general Rey, luego, dijo en Blu Radio que “aquí lo que hay que mirar es quién usa a quien. Lo que hay que mirar es a quién le interesa esto” y anunció acciones legales contra la revista Semana, que reveló el escándalo, de la cual dijo “está publicando verdades a medias”.

Sobre el caso, el representante a la Cámara, Iván Cepeda, del Polo, señaló que “los sucesivos escándalos de corrupción en el Ejército”, como el supuesto espionaje a personalidades políticas y a negociadores de paz del Gobierno con las Farc, “muestran una situación de descomposición generalizada que requiere una reforma de carácter estructural”.

Por su parte, la Alianza Verde indicó que “el ministro Pinzón debe asumir la responsabilidad política. Resulta inaceptable que mientras le dispara continuamente al proceso de paz ocurran estos graves hechos en la cartera bajo su responsabilidad”.

Y el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático culpó al Gobierno de la situación porque, a su juicio, la tropa se está “desmoralizando” por falta de apoyo.

Entes de control
La Contraloría activó un equipo especial que verifica la contratación del Ejército y los hallazgos producto de la auditoría se darán a conocer directamente al ministro de Defensa y al presidente Juan Manuel Santos, teniendo en cuenta la reserva. A su vez, la Procuraduría anunció que investigará las presuntas conductas irregulares de altos oficiales. Igualmente, el procurador Alejandro Ordóñez, en ejercicio de su poder preferente y en desarrollo de sus funciones constitucionales, inició la investigación de las presuntas interceptaciones ilegales por parte de unidades de inteligencia del Ejército Nacional.

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