Gobierno revela acuerdos con Farc para despejar “especulaciones”

Los textos revelados corresponden a los acuerdos de los puntos 1, 2 y 4.
Acompañado de los otros miembros del equipo negociador del Gobierno, el jefe de la delegación Humberto De la Calle leyó un comunicado en el que explica los tres acuerdos divulgados por la mesa de negociación.
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Los textos revelados corresponden a los acuerdos de los puntos 1, 2 y 4.

Los negociadores del Gobierno y las Farc decidieron divulgar, por primera vez, los borradores de los tres acuerdos parciales alcanzados en el proceso de paz de La Habana, con el fin de lograr una mayor “transparencia” y frenar especulaciones “malintencionadas”.

El anuncio lo hizo el presidente Juan Manuel Santos, quien, desde Estados Unidos, informó que se darían a conocer los acuerdos ya que el proceso “ha avanzado lo suficiente” como para hacer público los borradores parciales.

Santos insistió en que esa decisión reafirma la transparencia de los diálogos y que “no se está negociando” ni el modelo económico, democrático o de desarrollo del país.

Minutos más tarde, y a través de un comunicado conjunto, las partes aseguraron que desde que comenzaron las conversaciones han divulgado “de la manera más fidedigna” los avances de la mesa, pero “persisten todo tipo de especulaciones sobre lo acordado”.

“Por esa razón, y como una medida de transparencia, decidimos hacer públicos los textos de los borradores conjuntos”, reiteraron y subrayaron que su implementación “representaría un avance enorme” en el bienestar, la garantía de sus derechos y de participación política y apertura democrática para la paz.
En una alocución ante los medios de comunicación desde La Habana, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, explicó esta decisión y defendió la confidencialidad como “necesaria para poder discutir libremente y avanzar” en el proceso.

“Tenemos que reconocer que los esfuerzos de transparencia no han sido suficientes y han dejado un margen demasiado grande a la especulación, incluso malintencionada”, advirtió.
De acuerdo con De la Calle, “los opositores del proceso han aprovechado el desconocimiento general” y han divulgado “toda clase de versiones y rumores que pretenden desinformar” y “crear desconfianza” entre los colombianos.

“Además, ha habido filtraciones de los acuerdos que han contribuido a confundir aún más a la opinión”, dijo.

En concreto, se trata de 65 páginas que contienen lo acordado sobre el tema de la tierra y la reforma rural integral, la participación política de los guerrilleros desmovilizados y las drogas ilícitas, los tres temas sobre los que se han cerrado pactos parciales.

A pesar de la decisión bilateral, De la Calle anunció que la mesa no va a “renunciar a la necesaria confidencialidad de futuras discusiones y acuerdos en construcción”.

Insistió hoy en que ahora los colombianos podrán formarse su opinión tras conocer los acuerdos –y los puntos en los que no se ha logrado consenso– y compararlos con los informes que las partes han venido divulgando en los últimos meses.

Clase política celebra. Los dirigentes políticos del país se pronunciaron sobre la divulgación de los borradores de los tres preacuerdos alcanzados entre el Gobierno y las Farc.

El anuncio del presidente Juan Manuel Santos fue aplaudido por el presidente de la Comisión de Paz del Senado, Roy Barreras, quien explicó que “los colombianos vienen demandando saber en qué va ese proceso. Creo que ha habido bastantes avances y ya es hora de empezar a dar esas buenas noticias”.

Algo más crítico se mostró el procurador general, Alejandro Ordóñez, que indicó que la decisión de publicar los textos “estaba en mora”, pero que aún así le parece bien porque “esas conversaciones deben conocerse y ser públicas”.

La presidenta del Polo Democrático, Clara López, manifestó que el hecho de conocer los textos del proceso de paz genera confianza y “permite a la ciudadanía disipar los señalamientos que existían respecto al hecho de que se está entregando el país” a la guerrilla.

La exsenadora liberal Piedad Córdoba, consideró que esta decisión es fundamental para el proceso y que “es importante que el presidente y las Farc dejen conocer el fondo”.
Desde el Centro Democrático, la representante María Fernanda Cabal, dijo que la decisión es positiva porque los colombianos deben saber “hasta qué punto el Gobierno está comprometiendo el futuro y la seguridad”.

La senadora Paloma Valencia advirtió que espera que los documentos no sean “los simples comunicados que todos conocemos”.

Por la Alianza Verde se pronunció la representante Ángela María Robledo. “Hubiese sido mejor que Santos hiciera esos anuncios en su país y no en el exterior, donde no puede ver la reacción”, criticó.

La excandidata presidencial conservadora, Marta Lucía Ramírez, manifestó que ahora se podrá “analizar la calidad de lo acordado, así como los silencios que hay en temas fundamentales en La Habana”.

Los cuatro pilares de la Reforma Rural Integral acordada entre el Gobierno y las Farc

El acceso y el uso de la tierra, el establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, la reducción de la pobreza rural y la eliminación de la pobreza extrema, y un sistema especial  de seguridad alimentaria y nutricional, constituyen los cuatro pilares fundamentales  del Punto 1 de la agenda acordada entre el Gobierno y las Farc, denominado ‘Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral’.

De acuerdo con los textos revelados por el Gobierno, estos cuatro puntos “son de enorme importancia para la gente del campo”.

En el primero de ellos, acceso y uso de la tierra, las partes acordaron un fondo de tierras de distribución gratuita para los campesinos sin tierra, o con tierra insuficiente. “Pero no se trata solo de entregarle tierra al que no la tiene, sino de darle acceso integral: que la tierra esté acompaña de riego, crédito, asistencia técnica y apoyo para la comercialización, entre otros”, establece el texto.

El acceso a la tierra incluye el ofrecimiento de un subsidio integral y crédito especial para la compra de tierra, así como garantizar el derecho a la propiedad. Además, el Gobierno definirá  lineamientos generales de uso del suelo que tengan en cuenta su vocación, y delimitará la frontera agrícola para la protección de las áreas de especial interés ambiental.
El segundo punto es el establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, para reconstruir las regiones más afectadas por el conflicto.

El tercer punto acordado en la Reforma Rural Integral son la ejecución de planes nacionales que reduzcan en un 50% la pobreza rural en todas sus dimensiones, así como la eliminación de la pobreza extrema, en un término de 10 años.
Y el cuarto punto es la creación de un sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional que, a juicio de las Farc, debería ser de soberanía alimentaria.

Así, deben ser fortalecidos los mercados locales y regionales; se deben hacer campañas para el manejo adecuado de alimentos y se aplicarán programas especiales contra el hambre.

Participación política con garantías para la oposición

El segundo punto acordado por el Gobierno y las Farc en La Habana hace referencia a la participación política de los guerrilleros una vez se reinserten a la vida civil y la “apertura democrática para construir la paz”. En este tema no existen mayores novedades entre lo que contempla el borrador revelado ayer y lo divulgado por las partes en el comunicado conjunto del pasado 8 de diciembre, cuando se anunció el acuerdo parcial.

En las consideraciones iniciales, el documento compromete a las Farc a “la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política” una vez se firme e implemente el Acuerdo Final.

En adelante, el texto reseña un cúmulo de compromisos del Gobierno, donde se establece la participación del “nuevo movimiento político que surja del tránsito de las Farc a la actividad política legal”.

Además, las partes acordaron 3 medidas para garantizar el ejercicio de la oposición: una distribución más equitativa de los recursos destinados a partidos y movimientos políticos, mayor transparencia en el proceso electoral y una revisión al régimen electoral a cargo de una “Misión Especial”, conformada por expertos que en 6 meses deberán hacer “recomendaciones para una reforma a la organización electoral”.

Al respecto, el Gobierno se compromete a crear un “Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política”.

También contempla “desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos del requisito de la superación de un umbral en las elecciones de Congreso (...)”, medida que llama la atención pues justamente el pasado martes, en el debate de la reforma de equilibrio de poderes, la Comisión Primera del Senado no aprobó la iniciativa del Polo de bajar el umbral del 3% al 2%.

Finalmente, el documento demuestra que el Gobierno y las Farc no han logrado un acuerdo en cuanto al número total de circunscripciones territoriales de paz, representantes y periodos electorales por los cuales se mantendrá esta medida en las zonas de conflicto.

Narcotráfico, sustitución de cultivos y consumidores

El pasado 16 de mayo, el Gobierno Nacional y las Farc dieron a conocer el acuerdo sobre la “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Comparado ese texto con el liberado ayer con todo lo acordado, no hay variaciones de fondo.

Por un lado, el Gobierno se compromete a poner en marcha políticas y programas para “romper de manera definitiva” cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública; las Farc, por su parte, asumen el compromiso de “contribuir de manera efectiva”, de “diferentes formas y mediante acciones prácticas”, con la solución definitiva a este problema. Y a “poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”.

El acuerdo detalla lo que será un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS–, sus principios y objetivos; se anuncian compromisos sobre la seguridad de las comunidades en los territorios afectados por estas siembras, y de manera conjunta las partes se comprometen a trabajar en el desminado de los campos. Delinean lo que serán los acuerdos de “carácter voluntario y concertado” con las comunidades para acabar con los cultivos ilícitos; anuncian un “tratamiento penal diferencial” para los pequeños agricultores que estén o hayan estado vinculados a estas actividades y establecen los mecanismos para construir con las comunidades los planes de sustitución de cultivos. Igualmente, explican lo que serán las acciones y políticas para la prevención del consumo y la atención de los consumidores.

De la lectura del documento surgen preguntas como: ¿dentro del PNIS cuál será la participación y de qué manera contribuirán las Farc a solucionar los problemas de los cultivos ilícitos? ¿En la estrategia contra los activos provenientes de la venta de drogas, a qué se compromete de manera concreta la guerrilla frente a la operación y financiación de las redes mafiosas, testaferros, rutas del narcotráfico, etc? JGF

“No hay novedades”

De acuerdo con Álvaro Sierra, periodista y experto en conflictos armados, este paso que decidieron dar el Gobierno y las Farc “desmonta uno de los argumentos más importantes de los opositores al proceso y es que supuestamente se estaba negociando el país y que se estaban haciendo pactos secretos con la guerrilla”. Sierra manifestó a EL HERALDO que si uno compara los comunicados conjuntos que anuncian los acuerdos con estos borradores, “no hay ninguna cosa distinta, nueva o importante que no se haya dicho en su momento por los negociadores”. En su opinión, esta “sí es una medida de transparencia” porque le permite a los ciudadanos y a la opinión pública contrastar los acuerdos parciales con lo que se ha dicho de cada tema y conocer lo que se ha negociado.

 

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