Asociaciones de mujeres, campesinos y sindicatos colombianos denunciaron este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la impunidad, falta de políticas especiales y ausencia de garantías en el territorio nacional.
Durante una audiencia, dentro del periodo de sesiones número 143, las asociaciones gremiales denunciaron que la Justicia colombiana mantiene una "casi total impunidad" ante la situación de violencia antisindical, que se ha cobrado más de 2.900 víctimas mortales en los últimos 25 años en el país y 23 en lo corrido de 2011.
"Los resultados de nuestros estudios muestran un resultado de impunidad total en el 97 por ciento de los casos, siendo una de las condiciones por las que Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer la libertad sindical", dijo Luis Alberto Venegas, representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
"En Colombia hemos sufrido 11.824 violaciones a la vida, a libertad y a la integridad contra los sindicalistas en el país, entre ellos 2.908 homicidios, 290 atentados, 222 desapariciones forzadas, 5.348 amenazas de muerte y 1.776 desplazamientos forzados", enumeró Vanegas.
El representante de la mayor central obrera del país andino explicó que uno de los principales problemas del sindicalismo colombiano es la falta de diálogo entre las uniones sindicales y la Fiscalía General del Estado, a la que acusó de una respuesta escasa y tardía.
"El movimiento sindical ha mostrado una actitud dispuesta a mantener un diálogo con la Fiscalía General de la Nación para que produzca resultados que las víctimas del sindicalismo necesitan. Sin embargo, hace más de un año los espacios de interlocución han sido cerrados", añadió.
Sin embargo, Vanegas admitió que se ha registrado una disminución en los casos de homicidios contra sindicalistas, aunque se han mantenido las cifras de desaparición forzada y ha crecido el número de amenazas del 45 al 71 por ciento en el último año, según sus cálculos.
La representante del Estado y directora de DD.HH. y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Interior de Colombia, María Paulina Riveros, negó las acusaciones actuales de falta de comunicación por parte de la Fiscalía y precisó que la naturaleza de la violencia contra los sindicalistas se enmarca en el contexto del conflicto armado que sufre el país.
Riveros recordó que Colombia sufre un conflicto armado interno desde hace más de 50 años, y explicó que la violencia antisindicalista no está relacionada con el ejercicio sindical, sino que es una consecuencia desafortunada más del contexto armado.
"Si se contabilizaran los casos de violencia en relación a su actividad sindical se tendría que decir que lamentablemente sólo se ha registrado un homicidio relacionado con la actividad sindical, el de Germán Restrepo Maldonado, que ya ha sido resuelto por la justicia", argumentó la representante.
Restrepo fue tiroteado el 12 de agosto pasado en un establecimiento público del centro de la ciudad colombiana de Medellín a manos de varios sicarios.
Por entonces, Restrepo era el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Compañía de Empaques (Sintraempaques), cargo que ejercía desde agosto de 2008 y fue uno de los pocos sindicalistas que se declaró a favor del tratado de libre comercio (TLC) que Colombia y EE.UU. rubricaron el pasado 12 de octubre tras cinco años de negociaciones.
Según Vanegas, el móvil más usado contra los sindicalistas en Colombia es "el prejuicio de guerrillero contra la víctima", pero explicó que no se trata más que de un estigma asociado a el colectivo.
Por su parte, representantes de campesinos afirmaron que la Ley de Víctimas, que prevé la restitución de tierras, "no garantiza los derechos de los colombianos y favorece el modelo minero energético".
"Está claro que históricamente el factor de concentración territorial en Colombia es el principal elemento del conflicto político, social y armado que vive Colombia hace más de 50 años", dijo Juan Carlos Quintero, representante de la Asociación Campesina del Catatumbo.
Asimismo, varias asociaciones de mujeres colombianas solicitaron ante la CIDH la creación de políticas públicas que afronten la especial situación de vulnerabilidad de las féminas en el conflicto interno que sufre el país.
"Reconocemos que el Estado colombiano ha avanzado en este tema, y podemos decir que está en la agenda pública (...) pero el Estado colombiano tiene que llevar a cabo políticas públicas que hagan justicia con la situación de las mujeres que han sido víctimas en el conflicto armado", apuntó la representante de la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento (CODHES), Lina Céspedes. EFE
