Este domingo, a partir de las 2:30 p. m. —en el salón Elíptico— se instala la cuarta y última legislatura del actual Congreso de la República, que coincide con el último año de gobierno del presidente Gustavo Petro.
El anterior periodo se caracterizó por fuertes controversias en torno a las reformas laboral y pensional que, en medio de intensos debates, lograron ser aprobadas. Sin embargo, entre los proyectos que quedaron pendientes se encuentran las reformas a la salud, educación, agraria y servicios públicos, entre otros.
El curso de muchas de estas iniciativas, como la reforma a los servicios públicos domiciliarios que busca modificar la Ley 142 de 1994, con el objetivo de mejorar la prestación y acceso a servicios como agua, energía y gas, especialmente para usuarios vulnerables, es una deuda pendiente para la región Caribe.
Le puede interesar: Petro acusa a los “megarricos” de evadir impuestos y dice que su próxima reforma buscará redistribuir la carga tributaria
En diálogo con EL HERALDO, congresistas de la bancada Caribe y representantes gremiales advirtieron que varios proyectos estratégicos para la sostenibilidad, la conectividad vial y la competitividad regional no avanzaron como se esperaba al cierre de esta legislatura.
Las demoras obedecen, según señalaron, a obstáculos en licencias ambientales, dificultades en los esquemas de financiación y falta de articulación entre entidades del Ejecutivo.
Entre los proyectos mencionados figuran iniciativas legislativas que buscan garantizar recursos para obras estratégicas como la doble calzada Barranquilla-Ciénaga, el Tren Regional del Caribe y la doble calzada Cartagena-Barranquilla (Ruta Caribe II), entre otras.
Modesto Aguilera, representante por el partido Cambio Radical, sostuvo que, aunque hubo avances importantes, es evidente que quedaron temas clave sin resolver, como la conversión de la Región Administrativa y de Planificación (RAP Caribe) en Región Entidad Territorial (RET).
“Esta es una responsabilidad transversal que deben asumir todos los departamentos del Caribe, pero Atlántico, Bolívar y Magdalena —por su peso político y administrativo— tienen un rol clave en liderar el impulso de la ley orgánica y del referendo regional”, afirmó Aguilera.
También mencionó el retraso en torno a la infraestructura, conectividad, transición energética y sostenibilidad, entre otros temas pendientes para el Caribe.
En infraestructura, señaló que, en el caso del Atlántico, proyectos como el Tren Regional Caribe, el Puente de la Hermandad y las vías Atlántico–Cartagena y Barranquilla–Ciénaga figuran en el Plan de Desarrollo, pero aún carecen de leyes o decretos que garanticen su correspondiente financiación y ejecución.
También puso de presente que el Plan Nacional de Desarrollo incluyó “metas ambiciosas” para el sector agropecuario en el Caribe: “La meta nacional era formalizar 3,9 millones de hectáreas, pero solo se han transferido jurídicamente 284.967 en todo el país, sin desagregar por región; lo que indica un avance prácticamente nulo en el Caribe”.
Deuda en lo energético
Sin duda, las tarifas de energía para los congresistas de la región Caribe son uno de los temas en su agenda para este nuevo periodo legislativo. Así lo destacó el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, quien afirmó que es hora de que el Congreso dé el paso definitivo y apruebe una reforma que limite los abusos en la facturación y garantice subsidios justos.
Además: Fiscalía presentó escrito de acusación contra menor que disparó en atentado a Miguel Uribe
“No podemos seguir permitiendo que nuestra región siga pagando las tarifas más altas del país, mientras el sistema energético permanece intacto y favorece solo a los grandes generadores”.
Hizo énfasis en transformar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) con el fin, según Escaf, de que deje de ser una entidad alejada de la realidad. “Nuestro pueblo merece ser escuchado y tener voz en las decisiones que afectan su vida diaria”, expresó el congresista atlanticense.
Es por ello, aseguró, que lamenta que alguno de sus colegas en el Congreso –incluso en el mismo Caribe– no quieran siquiera discutir esta propuesta.
“Negarse a dar la pelea por una reforma de esta magnitud es un irrespeto a nuestra gente. Nuestro Caribe merece justicia, merece un sistema energético que le devuelva la esperanza y alivio a las familias”, sostuvo el representante.
En lo que respecta a los servicios públicos, el senador José David Name fue enfático en afirmar que el costo de la energía en la región Caribe es uno de los temas más críticos.
“Una reforma real a las tarifas de energía y parar el abuso de las generadoras hidráulicas es urgente”, insistió el senador.
Recalcó que continuará impulsando los tres debates restantes para modificar el cargo por confiabilidad, un proyecto que busca eliminar este cobro para aquellos generadores de energía a través de fuentes hídricas que tiene más de 20 años en el mercado: “Este es un tema que afecta directamente a los usuarios en el Caribe por los altos costos en la factura eléctrica”.
Otros pendientes
Del mismo modo, el senador Carlos Meisel afirmó que durante este periodo este Gobierno no resolvió los problemas que prometieron corregir.
“Anuncian generación de energías alternativas en la región Caribe, pero todo queda en eso: en anuncios”, expresó el senador.
También cuestionó que el Gobierno no ha logrado materializar proyectos de impacto regional, a pesar de contar con el respaldo del Legislativo: “Desde el punto de vista de la gestión del Gobierno, lo hago responsable si algo pasa con el canal del Dique. El presidente se ha declarado enemigo de esas obras de mitigación, fundamentales para el Atlántico y Bolívar”.
De acuerdo con el congresista del Centro Democrático, durante la tercera legislatura, el Congreso logró frenar algunas propuestas gubernamentales, pero otras avanzaron por presiones políticas.
Lea también: Empleada de Tiendas D1 en Antioquia denuncia presuntas irregularidades laborales; Mintrabajo abrió investigación
A su turno, el senador Mauricio Gómez hizo referencia particularmente al desarrollo de esta última legislatura y cuestionó que el Gobierno señale que hubo un bloqueo institucional, algo que no es cierto, según afirmó el congresista liberal.
“La institucionalidad funcionó conforme a sus reglas: se aprobaron dos reformas estructurales —la pensional y laboral— y se rechazaron otras de gran relevancia y decenas de iniciativas quedaron en trámite. Este panorama mantuvo el equilibrio entre los poderes del Estado, aunque a un alto costo en términos de gobernabilidad”, enfatizó Gómez.
Líderes gremiales
Para Efraín Cepeda Tarud, presidente de Intergremial Atlántico, la principal prioridad legislativa para este segundo semestre de este año debe ser la inclusión, en la Ley de Presupuesto General de la Nación, de un artículo que garantice la financiación del Fondo Empresarial de la Superservicios.
“Estos recursos son urgentes para capitalizar a Air-e, hoy intervenida, y permitirle superar su crisis financiera y operativa, que amenaza con desestabilizar el sistema eléctrico nacional. Las deudas acumuladas con generadores, transmisores y demás proveedores impactan especialmente a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira”, afirmó Cepeda Tarud.
Dijo, además, que la bancada Caribe debe rechazar el anteproyecto de ley que busca trasladar a los usuarios de estratos 4, 5, 6 y no residenciales el pago de la deuda por opción tarifaria, lo que implicaría una nueva sobretasa incluso para quienes ya saldaron su obligación.
En la misma línea, Rosmery Quintero, presidente de Acopi Atlántico, dijo que establecer una tarifa diferencial en la reconexión para los usuarios es una de las deudas del legislativo con la región; según el informe de octubre del año anterior, el proyecto, que, fue radicado en agosto de ese mismo año, estaba aún pendiente de primer debate.
“No se consiguió avance alguno, por lo que quedó archivado al terminar la legislatura. Asimismo, existieron iniciativas para regular las fórmulas tarifarias nacionales que buscaban equilibrar la sostenibilidad de las empresas con los intereses de los usuarios. Ambos proyectos fueron archivados por trámite fallido al cierre de la legislatura”, expuso la líder gremial.
Quintero sostuvo que actualmente, en el Congreso de la República, los proyectos relacionados con la región Caribe se centran, en su mayoría, en homenajes, conmemoraciones y cambios simbólicos en municipios, dejando de lado iniciativas de verdadero impacto para el desarrollo económico y empresarial del territorio.
También expresó que se requieren iniciativas legislativas orientadas al desarrollo agroindustrial sostenible, la internacionalización empresarial, el turismo competitivo y el combate efectivo a la extorsión y la inseguridad que afectan a las microempresas.
Finalmente, congresistas y líderes gremiales coincidieron en que, en este nuevo periodo legislativo, la región Caribe espera que las iniciativas aplazadas avancen con celeridad, por el bienestar de millones de ciudadanos que siguen esperando soluciones concretas a sus necesidades más urgentes.
Canal del Dique y dobles calzadas, proyectos priorizados en el Caribe
Varios de los proyectos de alto impacto en conectividad vial y competitividad del Caribe colombiano, presentados en el Congreso de la República, son objeto de seguimiento detallado por parte de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) seccional Norte. Sin embargo, al cierre de esta legislatura, muchos de ellos no avanzaron al ritmo esperado.
Entre estos se destaca la APP del Canal del Dique, con una inversión cercana a los $3,2 billones y actualmente en fase de preconstrucción. El retraso en el trámite de la licencia ambiental ha generado ajustes en el cronograma. Desde el gremio se ha advertido sobre la urgencia de garantizar la continuidad financiera del proyecto, ante el riesgo que representa el aplazamiento de las vigencias futuras correspondientes al año 2025.
Otros proyectos estratégicos que han tenido avances limitados son las dobles calzadas Cartagena – Barranquilla. En particular, la Ruta Caribe II enfrenta dificultades debido a la suspensión de los peajes de Turbaco y Arroyo de Piedra. Por su parte, en la Vía al Mar aún falta por culminar un tramo de 60 kilómetros de doble calzada entre el PR75 y el peaje Marahuaco.
También figura el proyecto del viaducto Ciénaga – Barranquilla, considerado clave para mitigar la erosión costera. Aunque enfrenta demoras en la expedición de licencias ambientales, los gremios del Atlántico y Magdalena han promovido espacios de concertación y mesas de trabajo para activar rutas de acción que permitan avanzar en los trámites ante las autoridades competentes.
