Varias voces en contra le han salido en la Comisión Primera del Senado al proyecto de acto legislativo de la cadena perpetua para abusadores y asesinos de niños, que hoy tendrá como invitado al fiscal Francisco Barbosa, quien también ha expresado sus reparos frente a la iniciativa.
Si esta reforma constitucional no es aprobada en séptimo debate por la célula legislativa y en octavo por la plenaria de la cámara alta antes del 20 de junio próximo,cuando culminan las sesiones ordinarias de la presente legislatura, se hunde por décima segunda ocasión en la historia del Congreso, así el Gobierno llame a extras.
Uno de los senadores que planteó una ponencia negativa frente al articulado fue Rodrigo Lara, de Cambio Radical, quien le dijo a EL HERALDO que se trata de 'una pena infamante que está por fuera de los límites de la Constitución, que prohíbe en virtud del principio de la dignidad humana la pena de muerte y la cadena perpetua, porque las personas por malas que sean no pueden convertirse en un instrumento para ningún propósito por muy noble que sea'.
El parlamentario agrega que la iniciativa niega cualquier posibilidad de redención, que está construida sobre la base de emociones y que a la postre va a ser declarado inexequible por la Corte Constitucional.
'Es una norma ineficaz porque está demostrado que el aumento de penas no sirve mientras no se haga efectiva la captura. Si el aumento de penas sirviera, en Colombia nadie cometería un solo delito, porque no hemos hecho sino aumentar penas', señala.
Así mismo, plantea Lara que 'el 80% de los casos de abuso sexual a menores ocurre en el entorno familiar y si aumentas esto a cadena perpetua va a ser mucho más difícil que los mismos familiares denuncien al agresor, el juez no va a condenar a menos que tenga pruebas exhaustivas y el proyecto está mal hecho, porque si el menor es abusado el agresor termina condenado a cadena perpetua mientras que un asesino termina condenado a 60 años'.
Por su parte, uno de los ponentes en la Cámara, donde el articulado pasó sin mayor problema, el representante César Lorduy, de Cambio Radical, manifestó en EL HERALDO que 'acompañar a las víctimas en su dolor y lágrimas no puede seguir siendo la única repuesta del Congreso a miles de familias que han perdido a sus hijos de manos de asesinos y violadores sexuales'.
Añade que las penas por homicidio y violación 'producto de beneficios judiciales y administrativos, terminan siendo pagadas apenas una tercera parte de la misma, lo que les permite obtener la libertad, que en el caso de los reincidentes, que es el 6,57% de los detenidos, simplemente es el pase, para seguir causando dolor y lágrimas'.
Pone de presente de igual forma que han aprobado la cadena perpetua revisable Inglaterra, EEUU, Alemania y Francia, entre otros, como lo consagró el Estatuto de la CPI, que en la segunda parte del artículo 77 dispuso la reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado.
Y concluye que '673 niños y niñas fueron víctimas de homicidio en 2018 y para el año 2019 el número de víctimas aumentó a 708. Entre tanto y según Medicina Legal, en 2018 se recibieron 38.242 denuncias de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, y para 2019, sin consolidarse las cifras, ya estábamos en 33.891'.
El Gobierno, por ahora, respaldaría el trámite, toda vez que esta fue una de las banderas de la campaña del presidente Iván Duque.
El fiscal Barbosa había dicho a finales de abril pasado: 'Hoy solamente el 5% de las denuncias terminan en condena. Está ocurriendo que, a pesar de que han aumentado las penas, no ha aumentado la eficacia en la aplicación de la justicia'.
